La asociación Asufin denuncia al Supremo ante la UE por actuar en contra del consumidor en EL PAIS

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha denunciado ante la UE al Reino de España por la actuación del Tribunal Supremo que “contraviene de manera reiterada y sistemática la jurisprudencia comunitaria sobre la protección de los consumidores”. Asufin, miembro de las organizaciones europeas de consumidores con más de 15.000 asociados, cree que el alto tribunal dificulta y ralentiza las reclamaciones actuando, en la práctica, en favor de los bancos.

La actuación del Supremo ha colmado la paciencia de las asociaciones de defensa de los consumidores financieros. En un prolijo y detallado informe, basado en una recopilación de sentencias del Supremo, la asociación presidida por Patricia Suárez presenta sus argumentos contra la Sala Primera del máximo tribunal español.

En el escrito se afirma que “el Tribunal Supremo español ha venido menoscabando el principio de transparencia y con ello los derechos de los consumidores españoles, en especial los usuarios de servicios financieros”.

En su argumentación recuerda los problemas que surgieron en España desde 2010 porque “las entidades financieras habían comercializado de manera masiva productos complejos a clientes minoristas y cláusulas poco transparentes en las hipotecas y contratos de préstamo”.

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https://elpais.com/economia/2021-01-13/la-asociacion-asufin-denuncia-al-supremo-ante-la-ue-por-actuar-en-contra-del-consumidor.html

Nulidad de liquidación del impuesto municipal de plusvalía cuando la cuota coincida con el incremento de valor de los terrenos

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. en una reciente sentencia de 9 de diciembre de 2020 ha anulado una liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por considerar confiscatoria una cuota del tributo que absorbe completamente la riqueza gravable, esto es, que coincide en su integridad con la plusvalía puesta de manifiesto con ocasión de la transmisión del bien inmueble urbano.

La resolución aplica la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019 que había señalado que el precepto correspondiente de la Ley de Haciendas Locales era inconstitucional (por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad, uno y otra consagrados en el art. 31.1 de la Constitución), en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar por el impuesto es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente.

En el caso analizado ahora por la Sala, ante un incremento de valor probado de 17.473,71 euros (diferencia entre el precio de adquisición y el de enajenación), el ayuntamiento giró al contribuyente una plusvalía de 76.847,76 euros (resultado de aplicar estrictamente el precepto previsto en la Ley de Hacienda Locales que atiende al valor catastral en el momento de la transmisión y a ciertos coeficientes en atención al período de tiempo en el que el inmueble estuvo en poder del transmitente).

Y aunque una aplicación literal de la sentencia del Tribunal Constitucional hubiera llevado a ajustar la cuota al incremento real (y reducirla a la suma de 17.473,71, coincidente con la cantidad en la que dicho incremento consistió) señala el Tribunal Supremo que “una situación como la descrita resulta contraria también a los principios de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad que prevé el artículo 31.1 de la Constitución”, de manera que “un resultado de esa naturaleza ha de reputarse, asimismo, escasamente respetuoso con las exigencias de la justicia tributaria a la que se refiere el propio precepto constitucional”.

Se coloca, así, el Tribunal ante la tesitura de definir las consecuencias que han de otorgarse a una liquidación tributaria que, aplicando un precepto legal que no puede calificarse de inconstitucional en la medida en que grava un incremento de valor constatado, establece una cuota confiscatoria al absorber la totalidad de la riqueza gravable, esto es, al obligar al contribuyente a destinar al pago del tributo toda la plusvalía puesta de manifiesto en la transmisión de la finca cuando tal plusvalía es el (único) indicador de capacidad económica previsto por el legislador para configurar el impuesto.

Y, al no ser el Tribunal Supremo el órgano llamado a determinar, y mucho menos a fijar de manera general, qué porcentaje de incremento de valor podría coincidir con la cuota tributaria para que no existiera la exageración, el exceso o la desproporción que aquí concurre, y al constatarse que el legislador lleva más de dos años sin acomodar el impuesto a las exigencias constitucionales, la sentencia declara la nulidad –por confiscatoria- de una liquidación tributaria que establece una cuota impositiva que coincide con el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión del terreno, esto es, que absorbe la totalidad de la riqueza gravable.

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
— Leer en www.boe.es/diario_boe/txt.php

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado un nuevo Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueba un plan de choque para la hostelería y el comercio, dos de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19. La medida estrella de la reforma incluye una rebaja del 50% del alquiler sobre los locales que pertenezcan a una empresa o entidad pública o a grandes propietarios (con más de 10 inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2)

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10 claves de la nueva Ley de Eutanasia y suicidio asistido

La ley de eutanasia aprobada este jueves por el Pleno del Congreso de los Diputados queda prácticamente cerrada tras la votación. El texto ha obtenido una amplia mayoría, 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Si no se aprueban enmiendas en el Senado, lo que no parece probable, ya solo faltará que la Cámara alta la ratifique para que entre en vigor. Estas son las 10 claves de la norma.

1. Qué regula

“Eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”, define la ley orgánica en su exposición de motivos. El texto no nombra como tal el suicidio asistido, pero considera dentro de ese “contexto eutanásico” tanto “la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”, la eutanasia propiamente dicha, como “la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda autoadministrar, para causar su propia muerte”, el suicidio médicamente asistido.

2. Quién puede pedirla

Hay que “tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”, dice la ley. Si la persona no cumple el requisito de estar consciente, puede aplicársele si ha “suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento será el interlocutor válido para el médico responsable”. Si hubiera testamento vital, pero este no nombra un representante legal, “el médico responsable podrá presentar la solicitud de eutanasia”. Como se ve, a diferencia de las leyes de Holanda y Bélgica, no se incluye a los menores de edad. Al tratarse de mayores de edad no se incluye que haya que consultar a su entorno.

3. ¿Cómo se confirma que el interesado actúa libremente?

El proceso, coinciden ponentes y defensores, es “extremadamente garantista”. Si está consciente, el interesado debe solicitar la eutanasia primero dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia, por ejemplo si la persona no puede escribir) separados por 15 días y que haga patente que no es “resultado de ninguna presión externa”. Después de la primera solicitud, el médico responsable del caso deberá realizar “con el paciente solicitante un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita”. El paciente deberá confirmar su intención. También después de la segunda solicitud debe haber una reunión médico-paciente para asegurar que este sabe lo que pide. Con esta ya serían cuatro las veces que el paciente debe confirmar su voluntad, y todas deben quedar reflejadas en su historia clínica. Pero, además, después de que la comisión de evaluación apruebe el procedimiento, el paciente deberá volver a asentir. Por supuesto, el interesado puede detener el proceso cuando quiera.

4. ¿Quién debe autorizar el proceso?

Primero, el paciente debe contar con la aquiescencia de su médico. Este, a su vez, debe pedir la opinión de un facultativo consultivo, que debe tener “formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente” pero no pertenecer “al mismo equipo del médico responsable”. Después, la comisión de evaluación deberá nombrar a dos expertos que evalúen el tema (uno de ellos, un jurista). Si ambos están de acuerdo, el proceso seguirá adelante. Si no, deberá decidir el pleno de la comisión. Una vez que esta decida que la petición está justificada, se lo comunicará al médico responsable para que proceda a aplicar la eutanasia o facilitar el suicidio. Si en algún paso la solicitud es rechazada, el interesado puede reclamar ante la comisión y, si no está de acuerdo con lo que esta determine, ante la “jurisdicción contenciosoadministrativa”. Habrá también un control a posteriori por parte de la misma comisión.

5. ¿Cuánto dura el proceso?

Un proceso que siga todos los pasos tendrá primero un periodo de 15 días entre las dos solicitudes del paciente. Después, 24 horas hasta que el médico responsable consulte con un especialista ajeno al caso. Este tendrá hasta 10 días para contestar. Luego podrán pasar hasta tres días hasta que se comunique a la comisión de garantías. La dirección de la comisión podrá tardar otros dos días en nombrar a los expertos que van a evaluar la petición, y estos tendrán otros siete para decidir y dos más para comunicar al presidente de la comisión su resolución. Si esta es positiva, el presidente la trasladará al médico responsable, que la llevará a cabo “con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios, con aplicación de los protocolos correspondientes, que contendrán, además, criterios en cuanto a la forma y tiempo de realización de la prestación”, según la ley, que no fija un plazo. Es decir, en total, pueden pasar como máximo 40 días desde la primera solicitud hasta que el médico reciba el visto bueno. A lo que hay que sumar unos días no concretados para el acto de la eutanasia en sí.

6. ¿Quién y cómo se forma la comisión de evaluación?

La denominada Comisión de Garantía y Evaluación es la mayor diferencia entre la ley española y las que ya existen en Europa (Holanda, Bélgica y Luxemburgo), que basan la decisión en el criterio del médico del paciente y de dos colegas. Habrá una comisión por comunidad y en cada ciudad autónoma, y la ley solo establece que su composición “tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico y juristas”. Serán los Gobiernos autónomos los que determinarán “su carácter jurídico”. Cada una tendrá “un reglamento de orden interno, que será elaborado por la citada comisión y autorizado por el órgano competente de la Administración autonómica”. “El Ministerio de Sanidad y los presidentes de las Comisiones de Garantía y Evaluación de las comunidades autónomas se reunirán anualmente, bajo la coordinación del ministerio, para homogeneizar criterios e intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud”.

7. ¿Dónde y quién la aplica?

“La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio” del paciente. Su aplicación queda a cargo del médico responsable del proceso.

8. ¿Cómo está la regulación internacionalmente?

Aparte del Benelux, en el mundo Canadá tiene una ley de eutanasia en vigor, y Nueva Zelanda ha aprobado una que entrará en vigor en 2021. También en varios Estados de Estados Unidos y de Australia hay leyes que permiten el suicidio asistido. Una resolución del Tribunal Constitucional de Colombia establece que la práctica es legal, pero el Parlamento todavía no ha aprobado una ley que la regule. En Suiza un vacío legal permite la asistencia al suicidio.

9. ¿Pueden negarse los médicos?

“Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”, dice la ley española. Este reparo “deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”. Es deber de la Administración sanitaria velar para que la renuncia de los sanitarios no menoscabe “el acceso y la calidad asistencial de la prestación”.

10. ¿Con qué apoyos y rechazos cuenta?

En el Pleno del Congreso, el proyecto ha obtenido un amplio respaldo, con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones,más allá de la mayoría que normalmente apoya al Gobierno, a la que se han sumado Ciudadanos, Junts per Catalunya y la CUP. Solo la derecha ―PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro― se ha opuesto a la ley. La última encuesta de Metroscopia, de 2019, le da un apoyo del 87% de la población, con mayoría favorable en todos los cortes de la encuesta, incluidos votantes de derecha y católicos practicantes. Entre los sanitarios, las últimas encuestas (colegios de médicos de Bizkaia, Madrid, Tarragona y Las Palmas y de enfermería de La Rioja) le dan apoyos por encima del 65%. Por el contrario, la Organización Médica Colegial se ha manifestado en contra, igual que la Iglesia católica y el Comité Español de Bioética. Las asociaciones de pacientes no tienen una postura definida y lo dejan a la decisión individual de cada afectado. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU también critica que se permita la eutanasia “en caso de discapacidad grave”, aunque el texto actual no menciona la discapacidad, sino que habla del sufrimiento intolerable que puede causar una situación imposibilitante.

Las demandas civiles y mercantiles deberán incluir el documento que acredite haberse intentado la vía extraj udicial – Información jurídica, noticias y artículos – Legal Today

El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que se completará en el primer semestre de 2021 con la mejora de la eficiencia organizativa y digital.

Según informó el Gobierno, el Anteproyecto “constituye un nuevo instrumento integrado en la nueva arquitectura jurídica dentro de la Estrategia Justicia 2030, enmarcado y conectado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation”. Además, el Anteproyecto “pretende dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Medios adecuados de solución de controversias (MASC)

El primero de los tres ejes en los que está basado el Anteproyecto es el de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), una medida que, “más allá de la coyuntura de ralentización inicial y previsible incremento posterior de la litigiosidad, como consecuencia de la pandemia y la declaración del estado de alarma, se considera imprescindible para la consolidación de un servicio público de Justicia sostenible.”

El objetivo de los MASC es recuperar la capacidad negociadora de las partes, “con la introducción de mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y la crispación que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales”.

Para ello, la norma se basa en que es necesario introducir medidas eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos. Con este fin “se ha de potenciar la mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado”.

Principales novedades:

  • El Anteproyecto regula la implantación de los MASC en los asuntos civiles y mercantiles, sin perjuicio de que en el futuro puedan extenderse a otros ámbitos. Para potenciar de manera decidida su utilización, se ha establecido que habrá de acompañarse a la demanda el documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial como requisito de procedibilidad.
  • Los MASC que podrán utilizar las partes, se establecen en un catálogo amplio que favorece la libre elección de los mismos. En ese sentido se contempla: la actividad negocial, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, la mediación, así como cualesquiera otros procedimientos previstos en la legislación especial (particularmente en materia de consumo).
  • Una de las grandes novedades es que la validez que tendrá el acuerdo alcanzado a través del MASC es exactamente el mismo que si es resuelto por un juez. El acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no pudiendo presentar demanda con igual objeto. Para que tenga valor de título ejecutivo, el acuerdo habrá de ser elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente cuando proceda.

Según los cálculos de Ejecutivo, estas medidas suponen que si se logra que uno de cada cuatro procedimientos civiles terminen en un acuerdo entre las partes, el sistema judicial se descargará más de medio millón de procedimientos. En este sentido, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió ayer que es fundamental reducir la litigiosidad, que ha aumentado a consecuencia de la pandemia, pero que ya era antes muy elevada, con la consiguiente dilatación de los tiempos de resolución: «Solo en el año 2019 entraron en nuestros juzgados y tribunales 6,2 millones de asuntos nuevos, de los que se pudo dar respuesta a 3 millones«.

Se van a potenciar las sentencias orales

El segundo eje es el de la reforma de leyes procesales, una iniciativa que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Con ella “se garantizan los altos estándares de calidad, se optimizan los recursos existentes, se agilizan los procesos de forma eficiente y eficaz, y se refuerza la seguridad jurídica”, en palabras del Gobierno.

Entre otras medidas, se van a potenciar las sentencias orales en determinados procedimientos como medida de agilización que puede usar el juez, de manera voluntaria, en atención a las concretas circunstancias del proceso.

Del mismo modo, se amplía el ámbito del juicio verbal, más rápido y ágil que el juicio ordinario y sin pérdida de garantías y se modifica en lo necesario su regulación. Se eleva su cuantía y se introducen nuevos procedimientos que podrán tramitarse por sus reglas.

Por otro lado, se introduce el procedimiento testigo y la extensión de efectos para una gestión ágil y eficaz de la litigación en masa en materia de condiciones generales de la contratación, regulándose unos requisitos muy medidos que habrán de concurrir para la posible utilización de ambas técnicas.

Finalmente, se modifica de manera muy relevante el recurso de casación civil, dándole después de 20 años desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario.

Reformas procesales para la transformación digital

El último eje clave es el que se refiere la transformación digital. Este avance evitará desplazamientos a las sedes judiciales, reduciendo los costes económicos, ambientales y territoriales. Y permitirá que toda la tramitación sea mucho más ágil.

Se introduce la regulación de los sistemas de identificación y autenticación para adaptar nuestra legislación a la europea y se generaliza la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia. Del mismo modo, se impulsará un Registro electrónico de apoderamientos apud acta, que permitirá el otorgamiento telemático.

https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/las-demandas-civiles-y-mercantiles-deberan-incluir-el-documento-que-acredite-haberse-intentado-la-via-extrajudicial-2020-12-16/

¿Por qué el Concurso de Acreedores “Express” está despertando tanto interés entre las empresas en crisis?

La vigente Ley Concursal contempla la modalidad de concurso de acreedores “express”, como una solución rápida y efectiva para las pequeñas y medianas empresas en crisis.

La crisis sanitaria actual provocada por la Covid 19 nos está arrastrando a una crisis económica sin precedentes, que está afectando de manera significativa a pequeñas y medianas empresas.

El estado de alarma decretado el pasado mes de marzo, colocó a muchas empresas españolas en una situación complicada. La obligatoriedad de cerrar ocasionó una paralización de su actividad y, en consecuencia, de sus ingresos, al tiempo que se mantenían los gastos fijos.

Ante este panorama, ¿Qué solución tienen las pequeñas y medianas empresas? ¿Deben someterse al largo proceso judicial, complejo y caro de un concurso de acreedores?

La vigente Ley Concursal y su Texto Refundido permiten al Juez que acuerde la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de apertura de concurso, por considerar que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento.  Este procedimiento conocido como Concurso Express o Concurso de Acreedores Express acorta de forma significativa los plazos de conclusión al no nombrarse Administrador Concursal, y en consecuencia no llevarse a cabo los trámites y procedimientos del Concurso Abreviado.

¿Qué es un concurso de acreedores?

El Art 6 de la Ley Concursal y el Art 5 del Texto Refundido que entra en vigor el 1 de septiembre de 2020 obliga al deudor solicitar la declaración de concurso en caso de encontrase en situación de insolvencia. El Concurso de Acreedores es el procedimiento legal del Ordenamiento Jurídico vigente al que tienen que acudir los deudores, ya sean empresarios o personas naturales que se encuentren en estado de insolvencia y en consecuencia no pueden atender pagos y cumplir con las obligaciones a las que se han comprometido con  sus acreedores (bancos, proveedores, trabajadores, etc.).

El empresario que no puede pagar sus deudas se encuentra en la texitura de acudir a un procedimiento largo y costoso o arriesgarse a que se deriven responsabilidades contra su persona.

El Juez  nombra un Administrador Concursal  que se encargará de analizar si la empresa en crisis puede ser conservada, de satisfacer a los acreedores conforme  establece la Ley  y del modo más equitativo y eficiente posible y propone si el Concurso es fortuito o culpable. En consecuencia hablamos de un proceso largo y costoso que requiere del nombramiento de un Administrador Concursal, que se encargará de analizar, evaluar y comprobar que la empresa ha cumplido con todas las formalidades exigidas por ley y en caso contrario propondrá las consecuencias correspondientes.

Concurso Express: ¿qué es?

Un porcentaje elevado de empresas que acuerden al  Concurso de Acreedores  son empresas cuya masa activa es insuficiente, no solo para pagar a los acreedores, sino para atender los posibles gastos del procedimiento.  Ante esta realidad, el Legislador introduce en el año 2015 en la Ley Concursal 22/2003  el artículo 176 bis, 470 en el Texto Refundido que  de esta Ley, permiten al Juez que acuerde la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de apertura de concurso  lo que  posibilita la extinción de la sociedad por insuficiencia de bienes, de forma  inmediata, sin que se nombre Administrador Concursal y sin la  necesidad de liquidación de bienes.

De esta forma se evita un procedimiento largo y costoso al que determinadas empresas no pueden hacer frente.

Proceso del concurso de acreedores express

El despacho de abogados escogido por la empresa en la Demanda solicita al Juez la Conclusión del Concurso por insuficiencia de Masa Activa que permita el pago del procedimiento, así como a los acreedores.  El Juez, una vez examinada la solicitud, junto con la Memoria y la documentación aportada, en aplicación del artículo 176 bis, 470 del Texto Refundido está facultado para dictar la Conclusión del Concurso junto con la Apertura del mismo.  El Auto correspondiente se publica en el BOE y el Registro Concursal lo que permite a los acreedores que lo consideren, impugnar el mismo. Una vez firme el Auto de Conclusión del Concurso se procede a inscribirlo en el Registro Mercantil con el fin de cerrar la empresa en  el Registro

Requisitos del concurso express ¿quién puede acogerse?

Puede acogerse a esta modalidad de concurso cualquier pyme o empresario cuya situación de insolvencia le obligue a cerrar, y carezca de bienes para hacer frente a las deudas y al coste del procedimiento.

La experiencia y conocimientos del profesional que la empresa elija para el concurso es fundamental para que el Juez atienda la solicitud de conclusión.  El profesional tiene que explicar y documentar el estado de insolvencia de la empresa y su falta de recursos para atender el coste del procedimiento y en consecuencia la aplicación de la medida solicitada, que no es otra que la Conclusión del Concurso con el Auto de Apertura del mismo.

¿Qué pasa después de un concurso de acreedores express?

  • Al no ejecutarse la fase de calificación del concurso, el deudor no ejercerá la responsabilidad por la situación de insolvencia de la sociedad.
  • Después de que el juez dicte la conclusión del concurso, el mismo Auto, una vez firme,  da curso a la extinción de la entidad, así como al cierre de la hoja de inscripción en los registros públicos que corresponda.
  • El administrador de la empresa habrá cumplido sus obligaciones legales, por lo que no se le derivarán responsabilidades contra su persona.
  • Se anunciará la declaración y conclusión del concurso en diferentes medios:
    • Boletín Oficial del Estado
    • Registro Público Concursal
    • Tablón de anuncios del juzgado
    • También se expide mandamiento dirigido al Registro Mercantil correspondiente, para la inscripción de la conclusión del concurso.

La situación que está atravesando la economía española y el impacto negativo en el tejido empresarial, hacen que el concurso express se posicione como una solución real y efectiva para pequeñas y medianas empresas en crisis.

La legislación Mercantil es amplia y compleja por lo que elegir al profesional adecuado que nos permita cerrar la empresa de forma rápida y eficaz, que tenga amplia experiencia en la aplicación del Concurso Express es fundamental para evitar, en la medida de  lo posible, encontrarnos inmersos en un procedimiento largo y costoso como es el Concurso Abreviado. Por ello, antes de contratar un profesional conviene asegurarse de que cuenta con amplia experiencia en este tipo de procesos, con numerosos casos de éxito y con la pericia necesaria para lograr el mejor resultado.

Origen: ¿Por qué el Concurso de Acreedores “Express” está despertando tanto interés entre las empresas en crisis? – Información jurídica, noticias y artículos – Legal Today

Clausula rebus: “El cierre forzoso de los negocios [en el confinamiento] no fue un riesgo normal ni previsible ni evitable” 

El juzgado de primera instancia nº 2 de Cáceres resolvió recientemente aceptar la cláusula rebus invocada por una pyme dedicada al comercio de ropa y complementos que no pagó las rentas del local alquilado por la pandemia. “El cierre forzoso de los negocios frustra la finalidad económica primordial del contrato que es la venta al público de ropa y complementos”, señala la sentencia.

El magistrado también considera que el confinamiento y las posteriores restricciones “no fueron un riesgo normal ni previsible ni evitable”. Concluye que hubo una “alteración sobrevenida y sustancial de la base económica del contrato” y por tanto, concluye que es necesario “reequilibrar” la relación económica contractual. “Acepta la doctrina jurisprudencial cada vez más asentada de la cláusula rebus sic stanctibus que llevamos meses defendiendo y que señala que si se producen circunstancias sobrevenidas e imprevisibles hay que reformular el contrato para reequilibrarlo”.

La sentencia se basa en el RD 15/2020 del Estado de Alarma que permite moratorias y fraccionamientos en los alquileres. Sin embargo, lamenta que el art. 1 sólo regule dichas moratorias en los casos de grandes propietarios y no establezca su obligatoriedad en caso de pequeños propietarios, como es el caso. En todo caso, aplica los criterios “prudenciales” establecidos en el art. 3 del citado decreto que establece rebajas del 25% en las rentas durante el confinamiento y del 40% durante la fase 1 de la llamada desescalada. La razón de la no exención total de rentas -según el juez- es que el inquilino pudo disfrutar del local como almacén y oficina y su escaparate permitió despertar interés comercial.

Rebaja pues la reclamación de cantidad pretendida por el propietario, pero acepta el desahucio porque el inquilino no sólo no pagó el alquiler durante el confinamiento, sino que tampoco pagó los primeros días de marzo, ni los últimos de junio, ni julio ni los suministros. Tampoco justificó la caída de ingresos y ventas ni trató de renegociar con la propiedad cuando se produjo el estado de alarma.

“La cláusula rebus es una garantía en casos de situaciones imprevistas y sobrevenidas buscando el reequilibrio, pero no para justificar incumplimientos de obligaciones ordinarias”.

Origen: “El cierre forzoso de los negocios [en el confinamiento] no fue un riesgo normal ni previsible ni evitable” | Civil | LawAndTrends

La Comunidad de bienes: Consideraciones generales

La esencia de la comunidad consiste en que cada propietario lo es de cuotas abstractas o ideales de la cosa, sin corresponderle una parte material, concreta y determinada, con exclusión de las restantes. Las mencionadas cuotas se presumen iguales, salvo que se pruebe lo contrario.

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REGULADAS LAS CONDICIONES DEL AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Esta norma completa el marco regulatorio sobre esta cuestión, impulsado por el Real Decreto-ley 15/2018 por el que se derogó el denominado impuesto al sol, y aporta certidumbre y seguridad a los usuarios. Entre otras medidas, el Real Decreto habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; reduce los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores, y establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida.

El Real Decreto hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no estaban contempladas. Tal y como señala la exposición de motivos del Real Decreto, el impulso del autoconsumo tendrá un “efecto positivo sobre la economía general, sobre el sistema eléctrico y energético y sobre los consumidores”.

Entre otras cuestiones, la extensión de esta fórmula fomentará la actividad económica y el empleo local, por su carácter distribuido; favorecerá la electrificación de la economía, permitiendo a España cumplir con sus obligaciones en materia de lucha contra el cambio climático; ofrecerá una alternativa a los ciudadanos, que puede ser más ventajosa económicamente que el consumo de energía tradicional; y permitirá la entrada de nuevos actores, y de la propia ciudadanía, en el sistema eléctrico.

El Real Decreto clasifica y define las distintas clases de autoconsumo. Hasta el momento, solo existía una posibilidad, el autoconsumo individual conectado a una red interior.

Con la nueva norma, se consagra la figura del autoconsumo colectivo, de tal forma que varios consumidores puedan asociarse a una misma planta de generación, hecho que impulsará el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización.

Además, se define el concepto de “instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas”. Con esta figura, se permite realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de generación situadas en la misma vivienda -única posibilidad contemplada hasta la fecha-, como en otras que estén ubicadas en las proximidades. Así, por ejemplo, se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación, siempre que haya acuerdo entre las partes.

Compensación de excedentes

Otra de las novedades del Real Decreto es la implantación de un mecanismo simplificado de compensación de excedentes, esto es, de aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente.

Hasta el momento, si el autoconsumidor quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige. Con el Real Decreto aprobado hoy, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual.

Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW) y siempre que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable.

La compensación económica puede llegar hasta el 100% de la energía consumida por el usuario en ese mes.

Por otro lado, y en el caso del autoconsumo colectivo, el Real Decreto también abre la puerta a que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y coparticipe de autoconsumo, si éste no está consumiendo su parte proporcional de energía.

Con el objeto de impulsar el desarrollo del autoconsumo y ofrecer facilidades a la ciudadanía, la norma abre la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan ofrecer servicios de autoconsumo renovable. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha validado esta medida, supervisará la evolución del mercado y, en caso de que surjan problemas de competencia, podrá proponer al Gobierno el establecimiento de restricciones a determinadas compañías.

Simplificación administrativa

El Real Decreto reduce los trámites administrativos para todos los usuarios. En el caso del pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW, en caso de autoconsumo sin excedentes), se reducen a una única gestión: notificar la instalación de una planta de producción eléctrica en su correspondiente comunidad o ciudad autónoma. El registro estatal se nutrirá de la información remitida por las administraciones autonómicas. Además, para las instalaciones de menos de 100kW en baja tensión, las administraciones recabarán información a partir de los datos del certificado electrotécnico de la instalación.

Asimismo, se articula un procedimiento para que sea el distribuidor quien modifique el contrato de acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y éste solo tenga que manifestar su consentimiento.

De igual modo, se simplifican drásticamente las configuraciones de medida para que, en la mayoría de los casos, baste con un solo contador en el punto frontera con la red de distribución, lo cual supone una reducción de costes.

En el caso de autoconsumo colectivo, también será necesario medir la energía generada con otro equipo para hacer el “reparto de energía” entre los consumidores participantes.

Desde el punto de vista de la seguridad industrial, se modifica el reglamento electrotécnico de baja tensión para regular los dispositivos antivertidos y los kits autoenchufables, garantizando que el desarrollo del autoconsumo es compatible con la protección de las personas y equipos.