A vueltas con la reclamación de las hipotecas multidivisa

A partir de la crisis de 2008 las cuotas hipotecarias de estos productos se dispararon por la devaluación del euro
— Leer en cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/05/legal/1617605811_662831.html

Qué pasa si no se devuelven los créditos con aval del ICO

Sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en Madrid.
Sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en Madrid.EDUARDO PARRA/EUROPA PRESS

Los créditos con aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han sido una de las ayudas a pymes y empresarios más relevantes, en número y cuantía, de las ofrecidas por el Estado durante la pandemia. La prolongación de la crisis ha llevado al Gobierno a adoptar sucesivas medidas respecto a ellos. En primer lugar, en noviembre, se permitió una primera ampliación de los periodos de carencia o vencimiento de estos préstamos ICO. Más recientemente, en marzo, el Real Decreto-ley 5/2021 incorpora nuevas previsiones, con un doble alcance: por una parte, permitir que los ICO puedan ver renegociadas sus condiciones y, por otra, si a pesar de todos los esfuerzos estas deudas resultan impagadas a su vencimiento, se introduce un régimen singular para los créditos derivados de la ejecución de sus avales.

Los expertos creen que la eliminación de los privilegios de su ejecución depende de la voluntad de la Administración.

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Recuperar la vivienda alquilada por necesidad – Mundojuridico.info

Requisitos para poder recuperar la vivienda alquilada por necesidad del arrendador o por necesidad de algunos de sus familiares
— Leer en www.mundojuridico.info/recuperar-la-vivienda-alquilada-por-necesidad/

Sentencias: El TJUE avala la doctrina del Supremo para anular los contratos con tarjetas ‘revolving’ por usura

La Justicia europea resuelve las preguntas prejudiciales a través de un auto y valiéndose de sentencias anteriores sobre casos similares.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la doctrina del Tribunal Supremo para anular contratos con tarjetas revolving por ser declarados como “usura” cuando superan un determinado tipo de interés al declarar que este criterio no es contrario a las normas comunitarias.

En un auto fechado el pasado 25 de marzo, el tribunal de Luxemburgo dictaminó que la directiva sobre contratos de créditos al consumo “no se opone a una normativa nacional que establece una limitación de la TAE que puede imponerse a un consumidor con el fin de luchar contra la usura, siempre que no contravenga las normas armonizadas sobre obligaciones de información”.

Descarga aquí el auto del TJUE, asunto C-503/20
Ver también: Compatibilidad de la ley de la usura y las directivas europeas 87/102/CEE y 2008/45/CE (cuestión prejudicial planteada al TJUE)

https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/15851-compatibilidad-de-la-ley-de-la-usura-y-las-directivas-europeas-87-102-cee-y-2008-45-ce-cuestion-prejudicial-planteada-al-tjue/

Cláusulas suelo: La Justicia europea caza de nuevo a la banca española haciendo trampas con la renegociación de las cláusulas suelo

Una sentencia del TJUE establece que las condiciones de un préstamo solo pueden modificarse si el banco explica con claridad al hipotecado a cuánto dinero va a renunciar y cuánto podrá ahorrarse o pagar de más con las nuevas.
— Leer en www.publico.es/economia/clausulas-suelo-justicia-europea-caza-nuevo-banca-espanola-haciendo-trampas-renegociacion-clausulas-suelo.html

Herencias: breve guía sobre cómo deben tramitarla los herederos

Tras el fallecimiento de un familiar, cuando muchas veces los sentimientos por la pérdida están aún a flor de piel, llega el inevitable momento de realizar todo el papeleo y las gestiones legales para tramitar el reparto de la herencia.
— Leer en www.elespanol.com/invertia/mis-finanzas/20210322/herencias-breve-guia-deben-tramitarla-herederos/567063293_12.html

Persianazo, ¿la mejor alternativa?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/03/19/6054888ee5fdea490c8b4610.html

Persianazo, ¿la mejor alternativa?

JMCadenas EXPANSION

Tras casi un año de azote pandémico se puede observar, cada vez con mayor nitidez, la existencia de multitud de negocios cerrados cuya cara al exterior es una fría persiana bajada.

Muchos empresarios han visto como única alternativa el cierre de sus establecimientos, ya sea de forma temporal o bien de forma definitiva, sin que las ayudas y medidas adoptadas por el Gobierno hayan sido suficiente para mantener activos estos negocios y, en definitiva, abiertos de cara al público.

En la mayoría de ocasiones, esta decisión del empresario viene acompañada de otra difícil disyuntiva, que es la de atender las obligaciones corrientes asumidas por el mismo, como son el pago de la renta del local regentado, así como el pago a los proveedores. Pues bien, no son pocas las ocasiones en las que se opta por -a la vez que se procede al cierre del establecimiento- proceder al incumplimiento de todas las obligaciones pendientes hasta la fecha. Este fenómeno, en el argot empresarial y jurídico, se denomina “dar el persianazo”.

Así pues, con la legislación actual, el empresario, como administrador de la sociedad que regentaba el negocio, podría ser responsable personalmente por una doble vía.

En primer lugar, una responsabilidad directa y objetiva, en caso de que, conforme a lo previsto en la legislación societaria, su sociedad se encontrara en causa de disolución, respondiendo solidariamente junto a la misma de las deudas contraídas desde el acaecimiento de dicha causa.

La segunda vía, menos directa y objetiva, es una posible responsabilidad del empresario por los daños causados directamente sobre los acreedores al no haberse procedido a la correcta y ordenada liquidación de la sociedad.

Esta segunda vía ha sido analizada por nuestro Tribunal Supremo (como se muestra, por ejemplo, en la STS nº 472 de 16 de julio de 2016) que ha establecido una serie de requisitos para que sea imputada responsabilidad directa al empresario, requisitos que en suma pueden resumirse en la existencia de incumplimiento de las obligaciones de pago por parte del empresario, la existencia de un perjuicio causado a sus acreedores y nexo causal entre el incumplimiento y el perjuicio causado, es decir, acreditación de que, de haberse procedido a la liquidación ordenada del negocio, podrían haberse atendido todas o parte de las obligaciones.

Pese a la dificultad probatoria, no son pocos los casos que se resuelven a favor de los acreedores y en contra del empresario, imputándole responsabilidad personal y respondiendo con su patrimonio al quedar acreditado que la situación de insolvencia e impago se vio agravada por el cierre del negocio, siendo que, de haberse procedido con una liquidación ordenada, el acreedor en cuestión podría haber visto satisfecha su deuda.

Conforme a lo expuesto, cabe plantearse la cuestión con la que se encabeza estas líneas, esta es si el persianazo es la mejor alternativa. La respuesta parece claramente negativa a tenor del riesgo que corre el empresario de ver afectado su patrimonio personal.

Será, sin lugar a dudas, una mejor opción, la de contar con profesionales que asesoren una ordenada liquidación del negocio, previa o simultáneamente al cierre del mismo, todo ello en aras de intentar atender el pago a la mayor parte de los acreedores y así quedar indemne en caso de que no pueda atenderse a parte o la totalidad de los mismos.

Texto de la sentencia contra la DGT que puede anular todas las multas de radares fijos que lleguen con sólo una foto

Texto de la sentencia contra la DGT que puede anular todas las multas de radares fijos que lleguen con sólo una foto | Administrativo | LawAndTrends
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Proyecto modificación de la ley sobre medidas de lucha contra la morosidad

El legislador se encamina a la aprobación del nuevo texto que modifica la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en Operaciones Comerciales (modificada a su vez por la Ley 15/20210 de Modificación de la Ley de Morosidad), cuya principal novedad, es el establecimiento de un régimen de sanciones que castiga, entre otros supuestos, el incumplimiento de los plazos de pago a proveedores. 

Así, se define el concepto de “deuda pendiente de pago”, donde se incluye el principal reclamado, los impuestos, las tasas, los intereses de demora devengados y la indemnización por costes de cobro. Es decir, y a efectos prácticos, si un acreedor reclama mediante un procedimiento monitorio el importe de la deuda, podrá incluir todos y cada uno de los conceptos recogidos anteriormente, cuestión que hasta ahora era incomprensiblemente discutido por muchos Juzgados de Primera Instancia y que por supuesto, redundará en el resarcimiento económico de los perjuicios derivados del impago de la deuda.
También se imponen, más bien se ratifican, las obligaciones de las empresas encaminadas a la transparencia y publicidad de sus plazos de pago, tanto a través de la memoria de sus cuentas anuales, su página web o en el caso de las sociedades cotizadas, publicando su período medio de pago a proveedores.
Pero como ya se ha expuesto, la principal novedad del texto legal, es la introducción del Título III relativo al régimen sancionador. En virtud de dicho régimen, un órgano administrativo, bien de las Comunidades Autónomas, bien de la Administración General del Estado, ejercitará la potestad sancionadora en virtud de los comportamientos ahora tipificados recogiéndose además, la creación de un canal de denuncia “anónimo”.

Se tipifican tres tipos de infracciones, graduándose las sanciones económicas en función de estas:

  • Las infracciones leves se sancionan con multas de hasta 3.000€.
  • Las graves hasta 100.000€.
  • Las muy graves, hasta 1 millón de euros.

Además, y en el supuesto de reincidencia como infractor grave, se añaden otras consecuencias como la imposibilidad de contratar con entidades del sector público, no poder ser beneficiario de subvenciones, la suspensión o imposibilidad de acceso a créditos ICO o incluso no poder beneficiarse de deducciones del Impuesto de Sociedades o IRPF. Ahora bien, lo cierto es que se huye de un modelo sancionador “automático” pues se incluye una importante facultad de graduación de las infracciones, lo que sin duda favorecerá, en principio, su adaptación a la realidad y una más justa aplicación a cada supuesto concreto.

Igualmente se modifica la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, -creemos que innecesariamente por los posibles efectos económicos negativos que pudiera conllevar-, respecto a impedir la posibilidad de un pacto entre las partes a la hora de establecer un plazo superior de pago en el supuesto de artículos que no sean frescos o perecederos ni de gran consumo (art. 17.4 de dicha Ley).

También se incluye como art. 4 de la Ley de Competencia Desleal la consideración de práctica de competencia desleal el incumplimiento reiterado de las normas de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad. A nadie se le escapa la mejor posición frente a sus competidores de quien demora sistemáticamente sus pagos, beneficiándose financieramente de ello.

Por último, debemos remarcar una importante novedad como es la modificación del art. 80 de la Ley del IVA, posibilitando la recuperación del IVA de la factura en el plazo de 30 días y no un año como hasta ahora. Parece inevitable pensar en las favorables consecuencias que tal medida supondrá para la liquidez de las empresas que no han podido cobrar sus facturas y además, “han adelantado” el IVA a las arcas públicas…

Entrada original: https://www.lawandtrends.com/noticias/mercantil/proyecto-modificacion-de-la-ley-sobre-medidas-de-lucha-contra-la-morosidad-1.htmlhttps://www.lawandtrends.com/noticias/mercantil/proyecto-modificacion-de-la-ley-sobre-medidas-de-lucha-contra-la-morosidad-1.html

Obligado a rebajar en un 50% el alquiler a un inquilino dedicado a la actividad turística afectado por la Covid-19

www.prontuario.org/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/

La magistrada del Juzgado de Primera instancia 20 de Barcelona ha otorgado el “rebus sic stantibus” a un inquilino que tenía arrendados varios pisos para alquiler turístico y que, por motivo del Covid-19 y el estado de alarma, vio afectado su negocio y disminuir sus ingresos. 

Por este motivo la magistrada estima el recurso interpuesto y declara que se ha producido una “alteración imprevisible de las circunstancias que sirvieron de base para la formación de la voluntad negocial y que dicha alteración genera un desequilibrio de las prestaciones a cargo de la actora”. 

Asimismo, la magistrada señala en la resolución que “la nueva renta en vigor de los contratos de arrendamiento de industria sobre las 27 unidades es de 600 euros más IVA y el resto de cantidades mensuales a cargo del arrendatario ascienden a 8,81 euros, con efectos desde el 1 de abril de 2020 hasta 31 de marzo de 2021″.