Categorías
legal ley persona sentencia Tribunales

Incapacitación judicial

La incapacitación judicial es el procedimiento mediante el cual se limita la capacidad de obrar de una persona, por cuanto las circunstancias personales de dicha persona le limitan para actuar de manera consciente.

La capacidad de obrar hace referencia a la capacidad de la persona para realizar actos jurídicos con eficacia y validez, ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Una enfermedad psíquica irreversible o física puede resultar en una limitación o afectación de la capacidad de obra de una persona, tal y como dispone el artículo 200 del Código Civil:

Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”

Requisitos de la incapacitación

Además de requerir que la incapacitación se encuentre establecida en sentencia judicial, se exige que:

1.- El presunto incapaz sufra una enfermedad o deficiencia física o psíquica, siendo definida dicha enfermedad como aquél estado en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanencial y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efecto en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuencias, según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de fecha 20 de marzo de 2016.

2.- La enfermedad o deficiencia sea persistente. El concepto de persistencia engloba no sólo cuando la enfermedad es incurable sino también cuando, aún existiendo una probabilidad de que sea curada, no se puede prever en el tiempo su curación. Asimismo, tampoco se trata de que la enfermedad se manifieste de manera permanente, sino que puede ser incapacitada una persona que, cumpliendo con todos los demás requisitos, sufra una enfermedad que se manifiesta de forma cíclica como las enfermedades mentales.

3.- La enfermedad o deficiencia impida a la persona gobernarse por sí misma. En este sentido, el hecho que una enfermedad sea incurable y persistente no significa que la persona no tenga capacidad para gobernarse a sí misma. Por lo tanto, la diferencia que radica entre que una persona pueda ser incapacitada o no es este último requisito. Por ejemplo, la sordomudez o la ceguera no son enfermedades que, sólo por sufrirlas, incapaciten a una persona, salvo que dichas enfermedades le limiten o reduzcan las facultades mentales, volitivas y intelectivas.

¿Cuál es el procedimiento de incapacitación judicial?

El procedimiento se inicia mediante la presentación de una demanda en el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del presunto incapaz, sin que sea competente el Juzgado del domicilio del nuevo internamiento, en el caso que el presunto incapaz haya sido internado de nuevo y en otro lugar.

Las personas legitimadas para ejercitar la acción de incapacitación judicial son el propio incapaz, el cónyuge, pareja estable, descendientes, ascendientes y los hermanos. También el Ministerio Fiscal puede iniciar un procedimiento de incapacitación, siempre y cuando no existan los anteriores familiares o éstos no hayan solicitado la incapacitación.

En el caso de los menores de edad, sólo estarán legitimados quienes ostenten la patria potestad o la tutela. Ello quiere decir que, en este supuesto, el Ministerio Fiscal no se encuentra legitimado para hacerlo.

¿Cómo se prueba que el presunto incapaz tiene una enfermedad o deficiencia que le impide gobernarse a sí mismo?

Este tipo de procedimiento requiere probar que la persona frente a la que se solicita la incapacitación efectivamente sufre una enfermedad persistente que limita o reduce sus facultades mentales, volitivas y intelectivas.

Por ello, se realizan, como mínimo, las siguientes tres pruebas:

1.- La audiencia a los parientes más cercanos a fin que opinen sobre el estado de salud del incapaz.

2.- La exploración directa del incapaz por parte del Juez, a través del interrogatorio del propio incapaz. Evidentemente, dicho interrogatorio se deberá adaptar a las necesidades y circunstancias personales del incapaz.

3.- La emisión de un dictamen médico, que será acordado por el Juzgado.

La sentencia que declare la incapacitación debe determinar la extensión y límites de ésta, incluyendo la constitución de una tutela o curatela. También se podrá determinar la necesidad de que el incapaz sea internado, que el incapaz tenga una representante si así se ha solicitado, así como el nombramiento de un tutor, siempre que se haya solicitado en la demanda

Categorías
sentencia Sin categoría Tribunales

Obligado a rebajar en un 50% el alquiler a un inquilino dedicado a la actividad turística afectado por la Covid-19

www.prontuario.org/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/

La magistrada del Juzgado de Primera instancia 20 de Barcelona ha otorgado el “rebus sic stantibus” a un inquilino que tenía arrendados varios pisos para alquiler turístico y que, por motivo del Covid-19 y el estado de alarma, vio afectado su negocio y disminuir sus ingresos. 

Por este motivo la magistrada estima el recurso interpuesto y declara que se ha producido una “alteración imprevisible de las circunstancias que sirvieron de base para la formación de la voluntad negocial y que dicha alteración genera un desequilibrio de las prestaciones a cargo de la actora”. 

Asimismo, la magistrada señala en la resolución que “la nueva renta en vigor de los contratos de arrendamiento de industria sobre las 27 unidades es de 600 euros más IVA y el resto de cantidades mensuales a cargo del arrendatario ascienden a 8,81 euros, con efectos desde el 1 de abril de 2020 hasta 31 de marzo de 2021″.

Categorías
Abogado abusivas clausula suelo Consumidor consumo sentencia Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo impone costas a un banco que se allanó tras rechazar la vía extrajudicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por un consumidor contra la sentencia que no impuso las costas procesales a la entidad bancaria que, pese a allanarse a la demanda, había rechazado previamente una reclamación extrajudicial que tenía el mismo contenido.  

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial resolvieron que cada parte debía cargar con sus propias costas porque la demanda se había presentado cuando ya estaba en vigor el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y el demandante no había acudido al procedimiento extrajudicial previsto en dicha norma.  

La Sala Primera, en cambio, tiene en cuenta que, aunque la reclamación extrajudicial del consumidor tuvo lugar antes de la entrada en vigor del RDL 1/2017, esa actuación fue justamente la prevista en esta norma: efectuar una reclamación a la entidad financiera para que dejara de aplicar la cláusula suelo y le devolviera lo indebidamente cobrado por su aplicación. La entidad financiera rechazó la solicitud alegando que su actuación había sido correcta y que la cláusula suelo no era abusiva. Sin embargo, interpuesta la demanda, se allanó a la misma.  

Por ello, el Tribunal Supremo concluye que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial infringe el RDL 1/2017 si se interpreta a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

Categorías
empresa ley sentencia Tribunal Supremo

El TS confirma que las costas de un proceso por cláusulas abusivas lo paga el banco

Empresas · Vivienda · Fondos de Inversión · Europa · Mundo · Sociedad · Todo Sociedad · Redes sociales · Comunicación · cultura · Todo cultura.

Publicado en: Alerta de Google – ts y empresas https://ift.tt/2FXGcw3
via IFTTT

Categorías
empresa ley sentencia Tribunal Supremo

Despido objetivo en empresas en concurso de acreedores: ¿puede el Fogasa anticipar el derecho …

del TS de 11 de marzo de 2020). Determina el TS que ha de prevalecer la opción del trabajador frente a la del Fogasa. El caso concreto enjuiciado. La …

Publicado en: Alerta de Google – ts y empresas https://ift.tt/36ksqwk
via IFTTT

Categorías
empresa ley sentencia Tribunal Supremo

TS español determinó que no se puede aplicar la cláusula rebus sic stantibus en contratos de un …

De esta manera lo ha recordado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, al resolver sobre la disputa entre dos empresas por un contrato de gestión, …

Publicado en: Alerta de Google – ts y empresas https://ift.tt/2VZ4pHI
via IFTTT

Categorías
empresa ley sentencia Tribunal Supremo

La ‘patata caliente’ del TS: cuándo es nula la hipoteca y qué índice sustituye al IRPH

Una de las grandes claves jurídicas de la sentencia que el Tribunal de Justicia de la UE ha publicado sobre el IRPH, y que será clave para la …

Publicado en: Alerta de Google – ts y empresas https://ift.tt/2TnnMJf
via IFTTT

Categorías
empresa ley sentencia Tribunal Supremo

TS español valida denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación …

Publicado en: Alerta de Google – ts y empresas https://ift.tt/2HleDdf
via IFTTT

Categorías
empresa ley sentencia Tribunal Supremo

Hacienda reconoce que no puede requisar las devoluciones pendientes de pago a las empresas …

En su resolución, los vocales del TEAC llegan a esta conclusión aunque el Tribunal Supremo (TS), en sentencia de 13 de marzo de 2017, determina …

Publicado en: Alerta de Google – ts y empresas https://ift.tt/2ulgDzj
via IFTTT

Categorías
empresa ley sentencia Tribunal Supremo

Las empresas no pueden eliminar las cestas de Navidad arbitrariamente, según el Supremo

Ahora el TS rechaza el recurso interpuesto por la firma contra la sentencia de la Audiencia Nacional por la demanda de UGT, CCOO y USO, y da de …

Publicado en: Alerta de Google – ts y empresas https://ift.tt/35whw5p
via IFTTT