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Incapacitación judicial

La incapacitación judicial es el procedimiento mediante el cual se limita la capacidad de obrar de una persona, por cuanto las circunstancias personales de dicha persona le limitan para actuar de manera consciente.

La capacidad de obrar hace referencia a la capacidad de la persona para realizar actos jurídicos con eficacia y validez, ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Una enfermedad psíquica irreversible o física puede resultar en una limitación o afectación de la capacidad de obra de una persona, tal y como dispone el artículo 200 del Código Civil:

Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”

Requisitos de la incapacitación

Además de requerir que la incapacitación se encuentre establecida en sentencia judicial, se exige que:

1.- El presunto incapaz sufra una enfermedad o deficiencia física o psíquica, siendo definida dicha enfermedad como aquél estado en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanencial y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efecto en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuencias, según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de fecha 20 de marzo de 2016.

2.- La enfermedad o deficiencia sea persistente. El concepto de persistencia engloba no sólo cuando la enfermedad es incurable sino también cuando, aún existiendo una probabilidad de que sea curada, no se puede prever en el tiempo su curación. Asimismo, tampoco se trata de que la enfermedad se manifieste de manera permanente, sino que puede ser incapacitada una persona que, cumpliendo con todos los demás requisitos, sufra una enfermedad que se manifiesta de forma cíclica como las enfermedades mentales.

3.- La enfermedad o deficiencia impida a la persona gobernarse por sí misma. En este sentido, el hecho que una enfermedad sea incurable y persistente no significa que la persona no tenga capacidad para gobernarse a sí misma. Por lo tanto, la diferencia que radica entre que una persona pueda ser incapacitada o no es este último requisito. Por ejemplo, la sordomudez o la ceguera no son enfermedades que, sólo por sufrirlas, incapaciten a una persona, salvo que dichas enfermedades le limiten o reduzcan las facultades mentales, volitivas y intelectivas.

¿Cuál es el procedimiento de incapacitación judicial?

El procedimiento se inicia mediante la presentación de una demanda en el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del presunto incapaz, sin que sea competente el Juzgado del domicilio del nuevo internamiento, en el caso que el presunto incapaz haya sido internado de nuevo y en otro lugar.

Las personas legitimadas para ejercitar la acción de incapacitación judicial son el propio incapaz, el cónyuge, pareja estable, descendientes, ascendientes y los hermanos. También el Ministerio Fiscal puede iniciar un procedimiento de incapacitación, siempre y cuando no existan los anteriores familiares o éstos no hayan solicitado la incapacitación.

En el caso de los menores de edad, sólo estarán legitimados quienes ostenten la patria potestad o la tutela. Ello quiere decir que, en este supuesto, el Ministerio Fiscal no se encuentra legitimado para hacerlo.

¿Cómo se prueba que el presunto incapaz tiene una enfermedad o deficiencia que le impide gobernarse a sí mismo?

Este tipo de procedimiento requiere probar que la persona frente a la que se solicita la incapacitación efectivamente sufre una enfermedad persistente que limita o reduce sus facultades mentales, volitivas y intelectivas.

Por ello, se realizan, como mínimo, las siguientes tres pruebas:

1.- La audiencia a los parientes más cercanos a fin que opinen sobre el estado de salud del incapaz.

2.- La exploración directa del incapaz por parte del Juez, a través del interrogatorio del propio incapaz. Evidentemente, dicho interrogatorio se deberá adaptar a las necesidades y circunstancias personales del incapaz.

3.- La emisión de un dictamen médico, que será acordado por el Juzgado.

La sentencia que declare la incapacitación debe determinar la extensión y límites de ésta, incluyendo la constitución de una tutela o curatela. También se podrá determinar la necesidad de que el incapaz sea internado, que el incapaz tenga una representante si así se ha solicitado, así como el nombramiento de un tutor, siempre que se haya solicitado en la demanda

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Cómo y cuándo reclamar las retenciones de obra

Desde la perspectiva jurídica y como expertos en Derecho Inmobiliario nos vemos ante la tesitura de asesorar a clientes que son promotores y constructores. Cuando quien acude a nosotros es un cliente promotor examinamos si tiene derecho a hacer suyas las retenciones debido a la aparición de defectos en las obras ejecutadas por la empresa contratista y, a la inversa, si quien demanda nuestros servicios es un cliente constructor nuestra tarea consiste en comprobar si ha realizado su trabajo con arreglo a la lex artis y, por ende, está legitimado para exigir la devolución de las cantidades retenidas. En este sentido, por versar la prueba sobre aspectos técnicos, serán determinantes las conclusiones de los informes periciales que los implicados hayan podido realizar.

I.- Concepto de retención en garantía

Como es sabido, el precio pactado entre el promotor y el constructor en un determinado contrato de ejecución de obra, se satisface durante toda la extensión del mismo mediante certificaciones de obra que no son otra cosa que mediciones del trabajo ejecutado durante un determinado período de tiempo establecido por las partes (generalmente un mes) en las que se valora el porcentaje ejecutado de cada una de las partidas en las que se compone la obra. La particularidad de las mismas es que se satisfacen “a buena cuenta”, es decir, sin perjuicio de que se ajusten los importes previamente abonados en la liquidación final de los trabajos, estableciéndose en los contratos que su abono no significa aceptación por parte del promotor de la buena ejecución de las obras que comprende. La aprobación de la certificación permitirá al constructor emitir la factura mensual correspondiente.

II.- Importe de la retención

Pues bien, sobre el importe resultante en cada una de esas certificaciones el promotor retiene al constructor un porcentaje, generalmente el 5%, para garantizar la reparación de desperfectos o daños que puedan presentarse durante la realización de las obras, la subsanación posterior de los daños materiales relativos a defectos o vicios de acabado o de terminación o incluso, para aplicar las mismas a la penalización por retraso que hubiera podido pactarse si el constructor se demora en la entrega de la obra.

Esta garantía tiene su fundamento legal en el artículo 17.1. de la Ley de Ordenación de la Edificación donde se recoge que el constructor responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a terminación o acabado de las obras en el plazo de un año, a contar desde la fecha de acta de recepción. Además, el artículo 19.1.a) de la misma Ley dispone que los seguros de daños materiales, de caución o garantías financieras, para garantizar durante un año el resarcimiento de los daños materiales anteriormente comentados, podrá sustituirse por la retención del 5% del importe de ejecución material de la obra.

III.- ¿Cuándo se puede reclamar la retención?

Aunque la Ley de Ordenación de la Edificación contempla una recepción única, en la práctica se suele establecer una dualidad de recepciones (provisional y definitiva). En ese caso, una vez transcurrido el plazo de un año desde el acta de recepción provisional, el constructor puede reclamar al promotor la devolución del importe de las retenciones de obra practicadas con anterioridad. Es cierto que en multitud de ocasiones una vez que se firma el acta de recepción provisional el constructor sustituye las retenciones por un aval bancario por el mismo importe, ganando así liquidez inmediata. Transcurrido el plazo anual indicado, en caso de que no se hubieran presentado defectos, el promotor devolverá el aval entregado.

IV.- ¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar las retenciones al promotor?

Dejando a un lado el ámbito relativo a la contratación con Administraciones Públicas, el plazo de prescripción para reclamar al promotor la devolución del importe de las retenciones será de cinco años desde la finalización del plazo de garantía anual. Conviene resaltar en este apartado que es posible “interrumpir” el plazo de prescripción mediante el envío de una comunicación fehaciente al promotor, comenzando a computarse de nuevo el plazo de reclamación.

En el supuesto de que el promotor desatendiera el requerimiento extrajudicial para devolver las cantidades retenidas habría que acudir a la vía judicial planteando el procedimiento que correspondiese en función de la cuantía a reclamar.

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La rebelión de los jueces justos en el IRPH

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Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado un nuevo Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueba un plan de choque para la hostelería y el comercio, dos de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19. La medida estrella de la reforma incluye una rebaja del 50% del alquiler sobre los locales que pertenezcan a una empresa o entidad pública o a grandes propietarios (con más de 10 inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2)

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