Cientos de demandas en los juzgados por el cobro de altos intereses con tarjetas de crédito revolving

La deuda se alarga como un chicle que se estira y se estira sin fin. Y muchas veces se vuelve un globo que acaba reventando en la cara al no poder pagarla. Así es como viven su experiencia muchas personas que han suscrito un contrato con entidades financieras para disponer de las tarjetas denominadas revolving, tarjetas de crédito para pago aplazado en la compra de un producto, aplazamiento que conlleva intereses de más del 24% TAE que se acumulan mes tras mes y cuyo altísimo precio ha sido motivo de cientos de denuncias en los juzgados y de reclamaciones en las asociaciones de consumidores de este país.

Y la base para atacar esta práctica financiera abusiva ha sido una ley de hace más de un siglo, la Ley de Represión de la Usura aprobada en 1908, que establece la nulidad de todo contrato de préstamo en el que se estipule “un interés notablemente superior al normal del dinero”, “manifiestamente desproporcionado” o con unas condiciones que lo hagan “leonino”. A esa norma de principios del siglo XX, cuando reinaba en España Alfonso XIII, se agarró el Tribunal Supremo en una sentencia de finales de 2015, en la que falló a favor de un usuario de una tarjeta revolving del banco Sygma Hispania con un interés del 24,6% TAE y de demora equivalente al remanente en 4,5%. En concreto, esta persona dispuso de 25.634 euros que le generaron 18.568 euros de intereses, por lo que, aunque ya había pagado al banco 31.932 euros, seguía debiendo otros 12.269.

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El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de las hipotecas

El Tribunal Supremo ha dictaminado que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.

En una sentencia de 16 de octubre, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

La decisión cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución.

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Nueva Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en tema de claúsula suelo favorable a nuestro cliente

Un día más estamos encantados de anunciar a nuestro cliente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en tema de cláusula suelo totalmente favorable a nuestro cliente, tras 4 años pleiteando y ya más de un año después de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que despejó a nuestro Tribunal Supremo cualquier duda que pudiera tener en cuanto a los efectos de declarar una clausula nula por abusiva de acuerdo con el Derecho Europeo (a ver si se aplican el cuento respecto de la clausula de Gastos de los Préstamos Hipotecarios)

La Sentencia del TJUE determinando que la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión

logo_curiaSegún se recoge en el comunicado emitido por CURIA referido a la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016, relativo a:

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados con los consumidores — Préstamos hipotecarios — Cláusulas abusivas — Artículo 4, apartado 2 — Artículo 6, apartado 1 — Declaración de nulidad — Limitación por el juez nacional de los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva»

En los asuntos acumulados C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15,

En la sentencia que dicta en el día de hoy, el Tribunal de Justicia considera que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la cláusula.

El Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que, según la Directiva, las cláusulas abusivas no podrán vincular al consumidor, en las condiciones estipuladas por los Derechos de los Estados miembros, incumbiendo a éstos la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de tales cláusulas. El Tribunal de Justicia explica que incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula abusiva, de tal manera que se considere que dicha cláusula no ha existido nunca y que, de este modo, no produzca efectos vinculantes para el consumidor. La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor.

Según el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en aras de la seguridad jurídica, que su sentencia no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores. En efecto, el Derecho de la Unión no puede obligar a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas. Sin embargo, habida cuenta de la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión. En este contexto, el Tribunal de Justicia precisa que las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales no podrán afectar a la protección de los consumidores garantizada por la Directiva.

Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo priva a los consumidores españoles que celebraron un contrato de préstamo hipotecario antes de la fecha del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Supremo del derecho a obtener la restitución de las cantidades que pagaron indebidamente a las entidades bancarias. Por consiguiente, de tal limitación en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva.

Qué es una hipoteca multidivisa

Row of writing human handsLas hipotecas multidivisa constituyen un híbrido financiero que combina un préstamo hipotecario con un derivado. El cliente hipoteca su casa como garantía de reembolso de un préstamo cuya cuantía varía de forma continua al margen del valor de la vivienda. Todo lo que baje la divisa elegida frente al euro le beneficia y todo lo que suba le perjudica. El cliente tiene ingresos en euros, vive en euros, pero la hipoteca la paga valorada en otra divisa. En plena crisis, con fuerte volatilidad en el mercado de cambios, las consecuencias pueden ser catastróficas. Las casas han bajado de precio y la cantidad a reembolsar por la hipoteca multidivisa se ha multiplicado. Si el cliente no puede pagar las cuotas la ejecución del inmueble no cubre la deuda y el cliente pierde la casa y sigue debiendo al banco la mayor parte del préstamo recibido.

Ante este abuso, el Tribunal Supremo se ha pronunciado considerando que estamos ante un instrumento derivado al que se aplica la MiFID, norma europea que protege al inversor. De conformidad con este régimen, la entidad bancaria ha debido evaluar los conocimientos y experiencia del cliente antes de ofrecerle la hipoteca multidivisa, y en caso de ofrecerla por ser un producto adecuado a su perfil, ha debido darle una información que pueda comprender y que incluya el aviso de los riesgos de apostar en el mercado de divisas.

Los derechos de los pasajeros en el transporte aereo

Aunque vamos a exponer esos derechos en el ámbito de la Unión Europea, no podemos dejar de mencionar el Convenio de Montreal de 1999 que resulta de aplicación a los firmantes del convenio en el ámbito internacional y que no resulta excluyente en la Unión Europea sino que pueden convivir en paralelo.

Dicho lo anterior, en la Unión Europea los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo, además de la legislación civil común que también pudiera resultar de aplicación, vienen recogidos y están regulados por el Reglamento europeo (CE) 261/2004.

La legislación comunitaria sobre los derechos de los pasajeros, establecida en el Reglamento 261/2004, es aplicable a todos los vuelos que salgan de aeropuertos de la Unión Europea,  además de Islandia, Noruega y Suiza, así como para todos aquellos vuelos operados por compañías comunitarias aunque partan de aeropuertos no comunitarios. También se aplicarán los derechos de los pasajeros de la Unión a todas aquellas compañías no comunitarias que salgan de territorio comunitario hacía estados que no pertenecen a la Unión Europea.

El Reglamento 261/2004 solo es aplicable a la compañía aérea que opera el vuelo o es la encargada de efectuar el vuelo. El Reglamento no se aplicará si viaja gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público.

El Reglamento 261/2004 regula los derechos de los pasajeros para los casos de denegación de embarque, cancelación gran retraso y cambio de clase.

En el caso de incidencias NO relacionadas con denegación de embarque por sobreventa, cancelación y/o retraso del vuelo, o cambio de clase, se puede encontrar información de utilidad en Incidencias no relacionadas con cancelaciones y retrasos.

Denegación de embarque

Es la negativa a transportar al pasajero en un vuelo, pese a haberse presentado al embarque cumpliendo los requisitos establecidos en las Condiciones de Transporte, salvo que haya motivos razonables para dicha denegación, tales como razones de salud, seguridad , la presentación de documentos de viaje inadecuados. Un ejemplo de denegación de embarque es el overbooking.

En un caso de una denegación de embarque, por ejemplo por overbooking, la compañía deberá preguntar por voluntarios y acordar con ellos las contraprestaciones, pero si finalmente no hay voluntarios suficientes y se deniega el embarque contra la voluntad del pasajero los derechos que asisten son:

  • Derecho a la información, que consiste en la entrega por parte de la compañía aérea de un impreso con las condiciones de asistencia y compensación.
  • Derecho a asistencia. La compañía aérea debe proporcionar la asistencia necesaria: comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si fuese necesario, a una o más noches de alojamiento así como al transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.
  • Derecho al reembolso o a transporte alternativo, donde el pasajero podrá elegir una de las siguientes 3 opciones que debe ofrecer la compañía:
    • El reembolso del billete dentro de los siete días siguientes.
    • El transporte hasta destino final lo más rápidamente posible y en condiciones de transporte comparables, o
    • El transporte hasta destino final en una fecha posterior que convenga al pasajero, en función de los asientos disponibles
  • Derecho a ser compensado, entre 250€ y 600 €, dependiendo de la distancia del vuelo, aunque estas cantidades se pueden reducir en un 50% si la compañía aérea le ofrece transporte alternativo y cumple el retraso en la llegada a destino.
    Distancia del vuelo Compensación Reducción del 50%
    si el retraso en la llegada
    es menor de
    Hasta 1.500 km 250 € 2 horas
    Todo vuelo intra-comunitario de 1.500 km
    y todo vuelo entre 1.500 km y 3.500 km
    400 € 3 horas
    Más de 3.500 km 600 € 4 horas

Cancelación de un vuelo

Es la no realización del vuelo programado para el cual habíamos comprado un billete.

Los derechos en caso de una cancelación son los siguientes:

  • Derechos a información, a asistencia y al reembolso o a transporte alternativo en los mismos términos que la denegación de embarque.
  • Derecho a ser compensado, en términos similares a la denegación de embarque a no ser que se le haya informado de la cancelación con 14 días antes del vuelo programado o si la compañía aérea puede probar que la cancelación fue causada por circunstancias extraordinarias, como casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo.

Grandes retrasos en salidas

Es el retraso del vuelo en el aeropuerto de origen en relación a la hora inicialmente programada en su reserva. Los derechos que se pueden invocar en caso de retraso en salidas son:

  • Derecho a información, en los mismos términos que los dos casos anteriores.
  • Derecho a la asistencia, derecho que está condicionado a los siguientes límites temporales en función de la distancia del vuelo.
    Distancia del vuelo Derecho a asistencia si el retraso en la salida
    es mayor de
    Hasta 1.500 km 2 horas
    Todo vuelo intra-comunitario de mas de 1.500 km
    y todo vuelo entre 1.500 km y 3.500 km
    3 horas
    Más de 3.500 km 4 horas
  • Derecho al reembolso, cuando el retraso sea de cinco horas o más, y el pasajero decida no viajar, tendrá derecho al reembolso en siete días del coste íntegro del billete al precio al que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada y a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser. Cuando proceda, además, un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible. El reembolso podrá efectuarse en metálico, por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios.

Retrasos en llegadas

Cuando se llegue al destino final tres o más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista por la compañía aérea, el pasajero puede tener derecho a una compensación idéntica a la que le correspondería en caso de cancelación de un vuelo, salvo que la línea aérea puede demostrar que el retraso ha sido provocado por una circunstancia extraordinaria.

Las compensaciones económicas previstas se establecerán en función de la distancia al destino, siempre que el retraso sea al menos de tres horas o más.

Cambios de clase

Cuando la compañía aérea acomoda al pasajero en una clase inferior por aquella por la que pagó, esta está obligada a reembolsar un porcentaje del precio del billete adquirido por el pasajero.

  • Consulte el porcentaje en la tabla:
    Distancia del vuelo en Km Intracomunitarios Extracomunitarios
    0-1500 km 30% 30%
    1500-3500 km 50%* 50%
    + 3500 km 50%* 75%

La Audiencia Nacional fija los criterios para establecer el derecho al olvido | EL PAÍS

El empeño de Mario Costeja, que reclamaba a Google que hiciera desaparecer unos enlaces por deudas a la Seguridad Social ejecutados hace 16 años, ha sentado los criterios que los tribunales españoles aplicarán a partir de ahora para todo aquel que reclame su derecho al olvido en la Red. Entre ellos, examinarán que la información publicada sea sensible para la vida privada del afectado, que esos datos ya no sean necesarios para la finalidad por la que se difundieron o que haya pasado demasiado tiempo.

La cancelación de datos, según la Audiencia Nacional, estará justificada cuando las circunstancias de cada caso concreto así lo determinen, “ya sea por la naturaleza de la información, su carácter sensible para la vida privada del afectado, por la no necesidad de los datos en relación con los fines para los que se recogieron o por el tiempo transcurrido, entre otras razones”.

Link: http://politica.elpais.com/politica/2015/01/23/actualidad/1422015745_590889.html

El Notariado abre una página web para el control de cláusulas abusivas – vía El Derecho

eyeglasses on whiteEn EL DERECHO se publica hoy que el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA) del Consejo General del Notariado ha creado una página web (http://www.occa.notariado.org)accesible para cualquier interesado en su consulta, lo que facilitará el conocimiento y el acceso a esa información a todo ciudadano.

En ella se ofrece información sobre las cláusulas declaradas abusivas por ley o por una sentencia judicial. También dispone de un enlace directo con el Registro de Condiciones Generales, a fin de facilitar el acceso y consulta del mismo por los particulares. Asimismo incluye información específica sobre los medios al alcance de los notarios para proteger jurídicamente los derechos de los consumidores y sobre los servicios notariales útiles para este fin.

La página presta especial atención al tratamiento de la información sobre la legislación de consumo vigente, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con las cláusulas abusivas.

Además, facilita el conocimiento de las sentencias de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia sobre la materia, de forma que los consumidores puedan saber antes de la firma de un contrato si contienen cláusulas que estos tribunales consideran abusivas, aunque no haya una decisión firme al respecto.