La Audiencia de Burgos aprueba un protocolo para alcanzar acuerdos en materia de gastos hipotecarios e intereses de demora

La Audiencia Provincial de Burgos ha aprobado un protocolo para agilizar la resolución de los juicios en los que los consumidores reclaman a los bancos la devolución de los gastos e intereses de demora derivados de la suscripción de hipotecas que les fueron cobrados indebidamente.

El fin por tanto del documento es terminar los procedimientos relacionados sobre esas materias, cualquiera que sea la fase procesal en que se encuentren, o evitar su judicialización si todavía no se hubiese formalizado la demanda.

El protocolo, que ha sido elaborado a iniciativa de la entidad CaixaBank -la cual asume los compromisos que de su contenido se derivan-, queda abierto a la adhesión de los letrados y procuradores que lo consideren procedente, así como de las entidades de crédito que lo estimen oportuno.

Doctrina del Supremo y TJUE

Las sentencias del Tribunal Supremo de enero de 2019, y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2018, sentaron criterio sobre los gastos de formalización de hipoteca e intereses de demora.

Dicha doctrina se refiere a la validez de las cláusulas de comisión de apertura, vencimiento anticipado, intereses moratorios y gastos de constitución de la garantía hipotecaria, así como las cantidades que, en su caso, ha de reintegrar la entidad financiera al prestatario-consumidor.

Desde entonces, los juzgados especializados en cláusulas abusivas de todo el territorio nacional han experimentado un auge considerable en la interposición de demandas por tales materias, con la consecuente inversión de recursos humanos y materiales.

Lo mismo ha ocurrido en la provincia de Burgos, donde se ha atribuido con carácter exclusivo y excluyente y con jurisdicción provincial el conocimiento de las acciones sobre condiciones generales de contratación al Juzgado de Primera Instancia 4 de la capital.

Desde ese momento, junio de 2017, es público y notorio que el incremento de asuntos atribuidos a dicho Juzgado ha sido muy elevado, lo que ha obligado al refuerzo de personal del Juzgado y al nombramiento de una juez en comisión de servicios para que atienda, junto con la magistrada titular, la resolución de pleitos.

Pese a ello, el volumen de trámite y pendencia sigue siendo muy elevado, lo cual es proporcional a la entrada de asuntos -que se cuenta en varios miles por año- elevando el tiempo medio de resolución.

Este documento, con las adaptaciones que se han considerado convenientes para la provincia de Burgos, se basa en otro anterior que se viene aplicando en Valladolid y Palencia.

Protocolo Hipotecas – Audiencia Provincial de Burgos y CaixaBank

Condena a un criador de perros a indemnizar a una clienta a la que le envió un cachorro enfermo

Condena a un criador de perros a indemnizar a una clienta a la que le envió un cachorro enfermo – LegalToday
— Leer en www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/condena-a-un-criador-de-perros-a-indemnizar-a-una-clienta-a-la-que-le-envio-un-cachorro-enfermo-2021-05-06/

Varapalo a las hipotecas con IRPH: la AP de Valencia anula esta cláusula por abusiva

Varapalo a las hipotecas con IRPH: la AP de Valencia anula esta cláusula por abusiva
— Leer en www.abogacia.es/actualidad/noticias/varapalo-a-las-hipotecas-con-irph-la-ap-de-valencia-anula-esta-clausula-por-abusiva/

El TJUE, en contra de que el plazo hasta la prescripción para reclamar los gastos de la hipoteca arranque cuando se firmó

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre la prescripción para reclamar los gastos de hipoteca y ha dejado sin argumentos a aquellos órganos de la Justicia que consideran que este se inicia desde el momento en que se firmó el préstamo. En concreto, en la sentencia se establece que dicho criterio contraviene la Directiva 93/13 que aplicaron, entre otras, de la Audiencia Provincial de Ávila, Barcelona y de A Coruña.

El TJUE vuelve así a posicionarse del lado de los consumidores. La Sentencia de 9 de julio de 2019 dictada por el mismo Tribunal Europeo ya afirmaba que incluso cuando el préstamo estuviera cancelado no podía privarse de ese derecho a reclamar por parte del cliente.

“El principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que la acción ejercitada por un consumidor con el fin de obtener la restitución de las sumas indebidamente abonadas para cumplir un contrato de crédito (…) está supeditada a un plazo de prescripción de tres años que comienza a correr a partir de la fecha en que se produjo el enriquecimiento injusto”, recuerda el escrito. 

“la restitución de las cantidades por los gastos pagados indebidamente al formalizar el préstamo hipotecario nunca podría entenderse prescrita por haber transcurrido el plazo de 15 años (ahora cinco conforme al Código Civil, y diez, según el Código Civil Catalán) desde la firma del préstamo”, ha señalado. Por eso, la jurista considera que “en todo caso, el plazo debería contarse a partir de dicha declaración de nulidad”.

Un error condena a FNAC a vender móviles de un valor de 699,90€ a 124,90€

Un fatal error le ha costado muy caro a la cadena de tiendas de la FNAC. En su web ofertó el Huawei P30, que tiene un valor de 699,90€, por un precio de 124,90€ para los socios y 139,90€ para el resto de consumidores. Como era de esperar la oferta recibió 12.911 pedidos en el tiempo que estuvo activa en la web. El problema vino cuando ninguno de los compradores recibió el móvil en su casa, la compañía se escudó en que se había tratado de un error tipográfico y que la oferta no debía llegar a precios tan bajos.

Muchos de los usuarios decidieron denunciar y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les ha dado la razón, obliga al gigante de los almacenes a vender los móviles por el precio indicado a todos aquellos usuarios que lo adquirieron en su momento a través de la web y por el precio que se indicaba en la misma. De esta forma ha confirmado los laudos arbitrales que habían sido dictados por la Junta Arbitral Nacional de Consumo en los que se dictaminó que el gran almacén FNAC debía vender a los reclamantes un modelo de teléfono móvil de gama alta que había ofertado a través de la web a menos de un tercio de su valor.

Sobrecoste Ryanair por equipaje mano es abusivo y nulo

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca ha declarado en su reciente sentencia de 22 de marzo de 2021 que Ryanair está obligada a transportar el
— Leer en www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-sobrecoste-de-ryanair-por-transportar-el-equipaje-de-mano-de-sus-pasajeros-es-abusivo-y-nulo/

Ser abogado no implica conocer el riesgo de una hipoteca multidivisa

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado que la formación universitaria de un prestatario, abogado en ejercicio, no implica conocimiento de los riesgos de la hipoteca multidivisa. En particular el incremento muy significativo, no sólo de las cuotas de amortización, sino también del saldo financiero de la deuda, en su equivalente en euros, a pesar del pago durante años de aquellas cuotas.

El fallo (sentencia 155/2021, recurso 2251/2018) admite que la formación universitaria de los prestatarios permite presumir que tenían capacidad suficiente para entender la información sobre el funcionamiento y riesgos de las hipotecas multidivisas. El problema estriba en que no se ha acreditado que la entidad financiera les proporcionara información precontractual suficiente y adecuada para que pudieran conocer la naturaleza y riesgos vinculados a las cláusulas relativas a la divisa en que estaba denominado el préstamo.

La formación universitaria, ajena al ámbito financiero, y el mero conocimiento del riesgo de la fluctuación del tipo de cambio de la divisa no implica que pudieran conocer, por sí solos, los específicos riesgos que suponía la contratación del préstamo hipotecario en divisas.

En particular el incremento muy significativo, no sólo de las cuotas de amortización, sino también del saldo financiero de la deuda en su equivalente en euros, a pesar del pago durante años de aquellas cuotas, así como el riesgo de que la hipoteca constituida, como consecuencia del incremento de la deuda, resultase insuficiente garantía, insuficiencia que podría generar el vencimiento anticipado del préstamo en caso de que no se ampliase dicha garantía.

En definitiva, esta falta de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación en divisa del préstamo y la equivalencia en euros de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de amortizar provoca un grave desequilibrio en perjuicio del consumidor, en contra de las exigencias de la buena fe.

El Tribunal Supremo impone costas a un banco que se allanó tras rechazar la vía extrajudicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por un consumidor contra la sentencia que no impuso las costas procesales a la entidad bancaria que, pese a allanarse a la demanda, había rechazado previamente una reclamación extrajudicial que tenía el mismo contenido.  

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial resolvieron que cada parte debía cargar con sus propias costas porque la demanda se había presentado cuando ya estaba en vigor el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y el demandante no había acudido al procedimiento extrajudicial previsto en dicha norma.  

La Sala Primera, en cambio, tiene en cuenta que, aunque la reclamación extrajudicial del consumidor tuvo lugar antes de la entrada en vigor del RDL 1/2017, esa actuación fue justamente la prevista en esta norma: efectuar una reclamación a la entidad financiera para que dejara de aplicar la cláusula suelo y le devolviera lo indebidamente cobrado por su aplicación. La entidad financiera rechazó la solicitud alegando que su actuación había sido correcta y que la cláusula suelo no era abusiva. Sin embargo, interpuesta la demanda, se allanó a la misma.  

Por ello, el Tribunal Supremo concluye que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial infringe el RDL 1/2017 si se interpreta a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

Cientos de demandas en los juzgados por el cobro de altos intereses con tarjetas de crédito revolving

La deuda se alarga como un chicle que se estira y se estira sin fin. Y muchas veces se vuelve un globo que acaba reventando en la cara al no poder pagarla. Así es como viven su experiencia muchas personas que han suscrito un contrato con entidades financieras para disponer de las tarjetas denominadas revolving, tarjetas de crédito para pago aplazado en la compra de un producto, aplazamiento que conlleva intereses de más del 24% TAE que se acumulan mes tras mes y cuyo altísimo precio ha sido motivo de cientos de denuncias en los juzgados y de reclamaciones en las asociaciones de consumidores de este país.

Y la base para atacar esta práctica financiera abusiva ha sido una ley de hace más de un siglo, la Ley de Represión de la Usura aprobada en 1908, que establece la nulidad de todo contrato de préstamo en el que se estipule “un interés notablemente superior al normal del dinero”, “manifiestamente desproporcionado” o con unas condiciones que lo hagan “leonino”. A esa norma de principios del siglo XX, cuando reinaba en España Alfonso XIII, se agarró el Tribunal Supremo en una sentencia de finales de 2015, en la que falló a favor de un usuario de una tarjeta revolving del banco Sygma Hispania con un interés del 24,6% TAE y de demora equivalente al remanente en 4,5%. En concreto, esta persona dispuso de 25.634 euros que le generaron 18.568 euros de intereses, por lo que, aunque ya había pagado al banco 31.932 euros, seguía debiendo otros 12.269.

……

Ver Artículo completo en Publico

El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de las hipotecas

El Tribunal Supremo ha dictaminado que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.

En una sentencia de 16 de octubre, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

La decisión cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución.

Archivos asociados