Cientos de demandas en los juzgados por el cobro de altos intereses con tarjetas de crédito revolving

La deuda se alarga como un chicle que se estira y se estira sin fin. Y muchas veces se vuelve un globo que acaba reventando en la cara al no poder pagarla. Así es como viven su experiencia muchas personas que han suscrito un contrato con entidades financieras para disponer de las tarjetas denominadas revolving, tarjetas de crédito para pago aplazado en la compra de un producto, aplazamiento que conlleva intereses de más del 24% TAE que se acumulan mes tras mes y cuyo altísimo precio ha sido motivo de cientos de denuncias en los juzgados y de reclamaciones en las asociaciones de consumidores de este país.

Y la base para atacar esta práctica financiera abusiva ha sido una ley de hace más de un siglo, la Ley de Represión de la Usura aprobada en 1908, que establece la nulidad de todo contrato de préstamo en el que se estipule “un interés notablemente superior al normal del dinero”, “manifiestamente desproporcionado” o con unas condiciones que lo hagan “leonino”. A esa norma de principios del siglo XX, cuando reinaba en España Alfonso XIII, se agarró el Tribunal Supremo en una sentencia de finales de 2015, en la que falló a favor de un usuario de una tarjeta revolving del banco Sygma Hispania con un interés del 24,6% TAE y de demora equivalente al remanente en 4,5%. En concreto, esta persona dispuso de 25.634 euros que le generaron 18.568 euros de intereses, por lo que, aunque ya había pagado al banco 31.932 euros, seguía debiendo otros 12.269.

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El consumidor terminará pagando más gastos al Banco si el TS sigue así

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-gastos-asociados-a-un-prestamo-hipotecario

El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de las hipotecas

El Tribunal Supremo ha dictaminado que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.

En una sentencia de 16 de octubre, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

La decisión cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución.

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Nueva Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en tema de claúsula suelo favorable a nuestro cliente

Un día más estamos encantados de anunciar a nuestro cliente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en tema de cláusula suelo totalmente favorable a nuestro cliente, tras 4 años pleiteando y ya más de un año después de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que despejó a nuestro Tribunal Supremo cualquier duda que pudiera tener en cuanto a los efectos de declarar una clausula nula por abusiva de acuerdo con el Derecho Europeo (a ver si se aplican el cuento respecto de la clausula de Gastos de los Préstamos Hipotecarios)

Nueva Sentencia anulando una Hipoteca Multidivisa

geldY otra más. Ya van siendo multitud las Sentencias dictadas por nuestros Juzgados y Tribunales anulando la cláusula multidivisa de los préstamos hipotecarios que se hicieron en divisas (yenes o francos suizos mayoritariamente) tras la clasificación por nuestro Tribunal Supremo como producto financiero complejo y por lo tanto exigido de la debida información completa previa a los consumidores no expertos.

Esta nueva Sentencia lo es del Juzgado de Primera Instancia núm. 44 de Madrid y os dejo el enlace al CENDOJ:

  • Nº Sentencia: 356/2016
  • Tipo Órgano: Juzgado de Primera Instancia
  • Municipio: Madrid
  • Nº Recurso: 494/2016
  • Fecha: 11/09/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia

La Sentencia del TJUE determinando que la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión

logo_curiaSegún se recoge en el comunicado emitido por CURIA referido a la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016, relativo a:

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados con los consumidores — Préstamos hipotecarios — Cláusulas abusivas — Artículo 4, apartado 2 — Artículo 6, apartado 1 — Declaración de nulidad — Limitación por el juez nacional de los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva»

En los asuntos acumulados C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15,

En la sentencia que dicta en el día de hoy, el Tribunal de Justicia considera que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la cláusula.

El Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que, según la Directiva, las cláusulas abusivas no podrán vincular al consumidor, en las condiciones estipuladas por los Derechos de los Estados miembros, incumbiendo a éstos la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de tales cláusulas. El Tribunal de Justicia explica que incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula abusiva, de tal manera que se considere que dicha cláusula no ha existido nunca y que, de este modo, no produzca efectos vinculantes para el consumidor. La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor.

Según el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en aras de la seguridad jurídica, que su sentencia no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores. En efecto, el Derecho de la Unión no puede obligar a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas. Sin embargo, habida cuenta de la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión. En este contexto, el Tribunal de Justicia precisa que las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales no podrán afectar a la protección de los consumidores garantizada por la Directiva.

Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo priva a los consumidores españoles que celebraron un contrato de préstamo hipotecario antes de la fecha del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Supremo del derecho a obtener la restitución de las cantidades que pagaron indebidamente a las entidades bancarias. Por consiguiente, de tal limitación en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva.

Qué es una hipoteca multidivisa

Row of writing human handsLas hipotecas multidivisa constituyen un híbrido financiero que combina un préstamo hipotecario con un derivado. El cliente hipoteca su casa como garantía de reembolso de un préstamo cuya cuantía varía de forma continua al margen del valor de la vivienda. Todo lo que baje la divisa elegida frente al euro le beneficia y todo lo que suba le perjudica. El cliente tiene ingresos en euros, vive en euros, pero la hipoteca la paga valorada en otra divisa. En plena crisis, con fuerte volatilidad en el mercado de cambios, las consecuencias pueden ser catastróficas. Las casas han bajado de precio y la cantidad a reembolsar por la hipoteca multidivisa se ha multiplicado. Si el cliente no puede pagar las cuotas la ejecución del inmueble no cubre la deuda y el cliente pierde la casa y sigue debiendo al banco la mayor parte del préstamo recibido.

Ante este abuso, el Tribunal Supremo se ha pronunciado considerando que estamos ante un instrumento derivado al que se aplica la MiFID, norma europea que protege al inversor. De conformidad con este régimen, la entidad bancaria ha debido evaluar los conocimientos y experiencia del cliente antes de ofrecerle la hipoteca multidivisa, y en caso de ofrecerla por ser un producto adecuado a su perfil, ha debido darle una información que pueda comprender y que incluya el aviso de los riesgos de apostar en el mercado de divisas.

Responabilidad civil por indebida inclusión en Registro de Morosos

descargaCon carácter previo, hemos de señalar que la inclusión de un deudor en un registro de morosidad de conocimiento compartido no está exenta del principio de protección jurídica para la persona cuya información de mora se publicita (o sea el moroso), por lo que los datos del impago deberán de ser comunicados al presunto deudor, quien tendrá derecho a defenderse de un posible error en esos datos. De este modo, han de cumplirse unos requisitos para incluir a un deudor en un registro de morosidad según el Reglamento de Protección de Datos:

El RLOPD promulgado en el  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dicta la responsabilidad en el tratamiento de datos.  El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en la legislación y en particular los siguientes:

  •  la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada
  • que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico
  • que se haya realizado requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación
  • El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento de pago, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias

Asimismo el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Dicho lo anterior, en caso que el acreedor no cumpla con lo mencionado, y más allá de un estudio profundo acerca de la naturaleza de la responsabilidad en que incurre el acreedor por una indebida inclusión en un Registro de Impagados que nos permitimos recomendar, se produce una infracción y vulneración del derecho al honor del supuesto “moroso” de la que nace un derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios.

Nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado:

La primera Sentencia del TS que se pronunció sobre esta cuestión fue la Sentencia núm. 660/2004, de 5 de julio, en la cual se contempló el caso de la inclusión de una persona en el Registro de aceptaciones impagadas, más conocido por RAI, por impago de unas letras de cambio cuya firma en la aceptación era falsa. En dicha sentencia, se dice que respecto a los registros “es práctica bancaria que exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria, ya que evidentemente la inclusión en el RAI resulta notoriamente indebida y no precisamente por error cuando era conocido que no se trataba de una persona morosaSe produce una vulneración del derecho al honor porque existe “inclusión indebida en dicho registro , por deuda inexistente lo que supone un desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena”  Posteriormente, esta doctrina ha sido seguida en numerosas sentencias, como es el caso de la sentencia de 24 de abril de 2009; 9 abril de 2012 y la sentencia objeto de este trabajo, STS núm. 176/2013,  de 6 marzo, entre las más destacables.

De tal modo que sentada esa responsabilidad, la jurisprudencia es generalmente proclive a la indemnización de daños morales, puesto que la inclusión indebida de una persona en estos ficheros presupone para ella un “padecimiento o sufrimiento psíquico” (SSTS 22 de mayo de 1995, 19 de octubre de 1996 y 24 de septiembre de 1999). Y a estos efectos, la sentencia del TS núm. 284/2009 , de 24 de abril ha considerado que para que la vulneración al derecho al honor se produzca es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas. No es preciso, pues, que haya existido una efectiva divulgación del dato para que se haya vulnerado el derecho al honor del afectado y se le hayan causado daños morales. Basta con la posibilidad del conocimiento por estos y que la falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los afectados para tener una proyección pública.

Es por todo lo anterior que, si Vd. se encuentra en ese supuesto, le recomendamos reclamar judicialmente, toda vez que acreditado el incumplimiento de los requisitos por el acreedor para la inclusión en el Registro de Morosos, solo quedará cuantificar razonablemente el importe en concepto de daños morales, como mínimo y sin considerar los daños y perjuicios causados, para la solicitud de indemnización a reclamar.

El Notariado abre una página web para el control de cláusulas abusivas – vía El Derecho

eyeglasses on whiteEn EL DERECHO se publica hoy que el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA) del Consejo General del Notariado ha creado una página web (http://www.occa.notariado.org)accesible para cualquier interesado en su consulta, lo que facilitará el conocimiento y el acceso a esa información a todo ciudadano.

En ella se ofrece información sobre las cláusulas declaradas abusivas por ley o por una sentencia judicial. También dispone de un enlace directo con el Registro de Condiciones Generales, a fin de facilitar el acceso y consulta del mismo por los particulares. Asimismo incluye información específica sobre los medios al alcance de los notarios para proteger jurídicamente los derechos de los consumidores y sobre los servicios notariales útiles para este fin.

La página presta especial atención al tratamiento de la información sobre la legislación de consumo vigente, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con las cláusulas abusivas.

Además, facilita el conocimiento de las sentencias de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia sobre la materia, de forma que los consumidores puedan saber antes de la firma de un contrato si contienen cláusulas que estos tribunales consideran abusivas, aunque no haya una decisión firme al respecto.