Derechos de los repartidores en el ámbito de las plataformas digitales

Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

El Real Decreto Ley tiene como a finalidad de garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. La nueva norma, que proviene del acuerdo Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, incluye la doctrina de TS que ha declaró la laboralidad de las prestación de servicios a través de plataformas digitales.

La presente disposición  cuenta con un artículo y dos disposiciones finales e incluye las siguientes modificaciones en el ET:

a) Derechos de información y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras

Se añade un nuevo apartado en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

b) Presunción de laboralidad

Se incluye una nueva disposición adicional, la 22, en la que se establece una presunción de laboralidad para las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital .Esta presunción no afecta a lo establecido en el art. 1.3 ET.

La Audiencia de Burgos aprueba un protocolo para alcanzar acuerdos en materia de gastos hipotecarios e intereses de demora

La Audiencia Provincial de Burgos ha aprobado un protocolo para agilizar la resolución de los juicios en los que los consumidores reclaman a los bancos la devolución de los gastos e intereses de demora derivados de la suscripción de hipotecas que les fueron cobrados indebidamente.

El fin por tanto del documento es terminar los procedimientos relacionados sobre esas materias, cualquiera que sea la fase procesal en que se encuentren, o evitar su judicialización si todavía no se hubiese formalizado la demanda.

El protocolo, que ha sido elaborado a iniciativa de la entidad CaixaBank -la cual asume los compromisos que de su contenido se derivan-, queda abierto a la adhesión de los letrados y procuradores que lo consideren procedente, así como de las entidades de crédito que lo estimen oportuno.

Doctrina del Supremo y TJUE

Las sentencias del Tribunal Supremo de enero de 2019, y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2018, sentaron criterio sobre los gastos de formalización de hipoteca e intereses de demora.

Dicha doctrina se refiere a la validez de las cláusulas de comisión de apertura, vencimiento anticipado, intereses moratorios y gastos de constitución de la garantía hipotecaria, así como las cantidades que, en su caso, ha de reintegrar la entidad financiera al prestatario-consumidor.

Desde entonces, los juzgados especializados en cláusulas abusivas de todo el territorio nacional han experimentado un auge considerable en la interposición de demandas por tales materias, con la consecuente inversión de recursos humanos y materiales.

Lo mismo ha ocurrido en la provincia de Burgos, donde se ha atribuido con carácter exclusivo y excluyente y con jurisdicción provincial el conocimiento de las acciones sobre condiciones generales de contratación al Juzgado de Primera Instancia 4 de la capital.

Desde ese momento, junio de 2017, es público y notorio que el incremento de asuntos atribuidos a dicho Juzgado ha sido muy elevado, lo que ha obligado al refuerzo de personal del Juzgado y al nombramiento de una juez en comisión de servicios para que atienda, junto con la magistrada titular, la resolución de pleitos.

Pese a ello, el volumen de trámite y pendencia sigue siendo muy elevado, lo cual es proporcional a la entrada de asuntos -que se cuenta en varios miles por año- elevando el tiempo medio de resolución.

Este documento, con las adaptaciones que se han considerado convenientes para la provincia de Burgos, se basa en otro anterior que se viene aplicando en Valladolid y Palencia.

Protocolo Hipotecas – Audiencia Provincial de Burgos y CaixaBank

Madrid Central queda sin efecto: el Supremo da la razón al PP y deja en el aire miles de multas

El Supremo ha confirmado la sentencia del TSJM contra Madrid Central. El alto tribunal “inadmite a trámite” el primero de los recursos de casación presentados por Ecologistas en Acción para intentar salvar el área de bajas emisiones aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena, informan a este medio fuentes de la organización verde.

Mientras que Ecologistas y la Plataforma por la Defensa de Madrid Central lamentan la decisión del Supremo, el Ayuntamiento de Madrid ha dicho a este medio que acaba de conocer la sentencia y que sus servicios jurídicos están todavía estudiándola. Se espera que a lo largo de la mañana se pronuncien sobre las próximas acciones a tomar.

Leer noticia en El Diario:

El teletrabajo amenaza con una ola de pleitos

El empleo desde casa empieza a copar las sentencias y los expertos prevén más conflictos con la vuelta a la oficina
— Leer en elpais.com/economia/2021-05-11/el-teletrabajo-amenaza-con-una-ola-de-pleitos.html

Condena a un criador de perros a indemnizar a una clienta a la que le envió un cachorro enfermo

Condena a un criador de perros a indemnizar a una clienta a la que le envió un cachorro enfermo – LegalToday
— Leer en www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/condena-a-un-criador-de-perros-a-indemnizar-a-una-clienta-a-la-que-le-envio-un-cachorro-enfermo-2021-05-06/

La justicia no considera probado quién firmó un contrato de crédito mediante el sistema DocuSign

La justicia no considera probado quién firmó un contrato de crédito mediante el sistema DocuSign,El software permite firmar documentos desde el móvil, pero un juez rechaza su
— Leer en noticias.juridicas.com/

Varapalo a las hipotecas con IRPH: la AP de Valencia anula esta cláusula por abusiva

Varapalo a las hipotecas con IRPH: la AP de Valencia anula esta cláusula por abusiva
— Leer en www.abogacia.es/actualidad/noticias/varapalo-a-las-hipotecas-con-irph-la-ap-de-valencia-anula-esta-clausula-por-abusiva/

Una empresa es condenada por suprimir los cheques restaurantes tras implantar el teletrabajo

Una empresa es condenada por suprimir los cheques restaurantes tras implantar el teletrabajo,La Audiencia Nacional considera que estas modificaciones no están amparadas en
— Leer en noticias.juridicas.com/

Propiedad Horizontal: Reclamación de cuotas a un copropietario

Propiedad Horizontal: Reclamación de cuotas a un copropietario
— Leer en www.lawandtrends.com/noticias/civil/propiedad-horizontal-reclamacion-de-cuotas-a-un.html

El TJUE, en contra de que el plazo hasta la prescripción para reclamar los gastos de la hipoteca arranque cuando se firmó

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre la prescripción para reclamar los gastos de hipoteca y ha dejado sin argumentos a aquellos órganos de la Justicia que consideran que este se inicia desde el momento en que se firmó el préstamo. En concreto, en la sentencia se establece que dicho criterio contraviene la Directiva 93/13 que aplicaron, entre otras, de la Audiencia Provincial de Ávila, Barcelona y de A Coruña.

El TJUE vuelve así a posicionarse del lado de los consumidores. La Sentencia de 9 de julio de 2019 dictada por el mismo Tribunal Europeo ya afirmaba que incluso cuando el préstamo estuviera cancelado no podía privarse de ese derecho a reclamar por parte del cliente.

“El principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que la acción ejercitada por un consumidor con el fin de obtener la restitución de las sumas indebidamente abonadas para cumplir un contrato de crédito (…) está supeditada a un plazo de prescripción de tres años que comienza a correr a partir de la fecha en que se produjo el enriquecimiento injusto”, recuerda el escrito. 

“la restitución de las cantidades por los gastos pagados indebidamente al formalizar el préstamo hipotecario nunca podría entenderse prescrita por haber transcurrido el plazo de 15 años (ahora cinco conforme al Código Civil, y diez, según el Código Civil Catalán) desde la firma del préstamo”, ha señalado. Por eso, la jurista considera que “en todo caso, el plazo debería contarse a partir de dicha declaración de nulidad”.