Ley de Segunda Oportunidad: una gran desconocida

La acumulación de deudas y la insolvencia son algunas de las principales consecuencias que la crisis sanitaria ha ocasionado a los ciudadanos y el …

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La asociación Asufin denuncia al Supremo ante la UE por actuar en contra del consumidor en EL PAIS

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha denunciado ante la UE al Reino de España por la actuación del Tribunal Supremo que “contraviene de manera reiterada y sistemática la jurisprudencia comunitaria sobre la protección de los consumidores”. Asufin, miembro de las organizaciones europeas de consumidores con más de 15.000 asociados, cree que el alto tribunal dificulta y ralentiza las reclamaciones actuando, en la práctica, en favor de los bancos.

La actuación del Supremo ha colmado la paciencia de las asociaciones de defensa de los consumidores financieros. En un prolijo y detallado informe, basado en una recopilación de sentencias del Supremo, la asociación presidida por Patricia Suárez presenta sus argumentos contra la Sala Primera del máximo tribunal español.

En el escrito se afirma que “el Tribunal Supremo español ha venido menoscabando el principio de transparencia y con ello los derechos de los consumidores españoles, en especial los usuarios de servicios financieros”.

En su argumentación recuerda los problemas que surgieron en España desde 2010 porque “las entidades financieras habían comercializado de manera masiva productos complejos a clientes minoristas y cláusulas poco transparentes en las hipotecas y contratos de préstamo”.

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La acción pauliana

… por lo que mientras el deudor no sufra el estado de insolvencia y la garantía de los acreedores sea suficiente, carecen de interés para impugnar los …

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Ley de Segunda Oportunidad: una alternativa legal para remediar las deudas acumuladas

El sobreendeudamiento y la insolvencia destacan como las principales consecuencias de las recientes crisis económicas. Por este motivo, cada vez …

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La rendición de cuentas del administrador concursal en el nuevo texto refundido de la Ley Concursal

… de conclusión de los apartados 1.4º (pago o consignación de todos los créditos o desaparición de la insolvencia), y 1.5º (terminada la fase común, …

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Nulidad de liquidación del impuesto municipal de plusvalía cuando la cuota coincida con el incremento de valor de los terrenos

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. en una reciente sentencia de 9 de diciembre de 2020 ha anulado una liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por considerar confiscatoria una cuota del tributo que absorbe completamente la riqueza gravable, esto es, que coincide en su integridad con la plusvalía puesta de manifiesto con ocasión de la transmisión del bien inmueble urbano.

La resolución aplica la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019 que había señalado que el precepto correspondiente de la Ley de Haciendas Locales era inconstitucional (por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad, uno y otra consagrados en el art. 31.1 de la Constitución), en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar por el impuesto es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente.

En el caso analizado ahora por la Sala, ante un incremento de valor probado de 17.473,71 euros (diferencia entre el precio de adquisición y el de enajenación), el ayuntamiento giró al contribuyente una plusvalía de 76.847,76 euros (resultado de aplicar estrictamente el precepto previsto en la Ley de Hacienda Locales que atiende al valor catastral en el momento de la transmisión y a ciertos coeficientes en atención al período de tiempo en el que el inmueble estuvo en poder del transmitente).

Y aunque una aplicación literal de la sentencia del Tribunal Constitucional hubiera llevado a ajustar la cuota al incremento real (y reducirla a la suma de 17.473,71, coincidente con la cantidad en la que dicho incremento consistió) señala el Tribunal Supremo que “una situación como la descrita resulta contraria también a los principios de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad que prevé el artículo 31.1 de la Constitución”, de manera que “un resultado de esa naturaleza ha de reputarse, asimismo, escasamente respetuoso con las exigencias de la justicia tributaria a la que se refiere el propio precepto constitucional”.

Se coloca, así, el Tribunal ante la tesitura de definir las consecuencias que han de otorgarse a una liquidación tributaria que, aplicando un precepto legal que no puede calificarse de inconstitucional en la medida en que grava un incremento de valor constatado, establece una cuota confiscatoria al absorber la totalidad de la riqueza gravable, esto es, al obligar al contribuyente a destinar al pago del tributo toda la plusvalía puesta de manifiesto en la transmisión de la finca cuando tal plusvalía es el (único) indicador de capacidad económica previsto por el legislador para configurar el impuesto.

Y, al no ser el Tribunal Supremo el órgano llamado a determinar, y mucho menos a fijar de manera general, qué porcentaje de incremento de valor podría coincidir con la cuota tributaria para que no existiera la exageración, el exceso o la desproporción que aquí concurre, y al constatarse que el legislador lleva más de dos años sin acomodar el impuesto a las exigencias constitucionales, la sentencia declara la nulidad –por confiscatoria- de una liquidación tributaria que establece una cuota impositiva que coincide con el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión del terreno, esto es, que absorbe la totalidad de la riqueza gravable.

Guía para adelantarse a la moratoria concursal

“Una retirada a tiempo es una victoria”. La frase, atribuida a Napoleón Bonaparte, bien podría explicar el motivo por el que algunas empresas noqueadas por el coronavirus estén presentando voluntariamente concurso de acreedores, pese a que legalmente no están obligadas a hacerlo hasta el próximo 14 de marzo. Teria Yabar, Dentix y otras tantas han iniciado ya este proceso del que, según las estadísticas, solo sobreviven con éxito el 10% de las compañías. Aunque cada caso es distinto, hay una serie de razones por las que puede ser conveniente no esperar un minuto más.

En primer lugar, porque la moratoria puede convertirse en una manzana envenenada. Como aseguran los expertos en reestructuraciones financieras, los negocios en dificultades no deben tomarse este tiempo con relax, sino todo lo contrario. Usando un símil médico, cuanto antes se extirpen las partes del negocio gangrenadas, más se reduce el riesgo de que se extienda a la empresa entera. Se necesita, eso sí, un buen doctor. Como explica Guillermo Prada, socio en PradaGayoso, “no se puede resolver una crisis empresarial desconociendo el entorno jurídico en el que se va a mover”.

Lo que ocurre es que, ahora, les ha tocado surfear en un escenario tan excepcional como incierto. Hasta el 14 de marzo de 2021, la ley ha blindado legalmente a las compañías frente a sus acreedores, de modo que estos no podrán forzar su concurso. El objetivo es que tengan margen de maniobra para salir del atolladero, buscando salidas como, por ejemplo, los avales ICO. Según el INE, hay una situación de calma chicha, pues el número de deudores concursados solo ha aumentado un 1,6% respecto a 2019.

Sin embargo, existen algunas luces rojas que, si se encienden, conviene atender inmediatamente. Una de ellas es el impago de conceptos habituales (como los salarios o las cuotas a la Seguridad Social). “O que la empresa tenga dificultades graves para obtener financiación”, agrega Pedro Martín, presidente de la firma Martín Molina. En estas circunstancias, “la mejor forma de intentar salvar la empresa es que se solicite la declaración de concurso”. Si se espera, estará abocada a la liquidación.

La realidad es que, como apunta Cristian Valcárcel, asociado sénior de DWF-RCD, en España no hay cultura de acudir al concurso para alcanzar un acuerdo con los acreedores. Por eso, la mayoría de las compañías que se presentan hoy son “aquellas que ya no tienen viabilidad alguna y las que dependen de la venta de la unidad productiva”.

En una coyuntura de “iliquidez”, defiende también Prada, “carece de sentido demorar la solicitud al juzgado”. Sobre todo, teniendo en cuenta que, si se cumplen las previsiones, a partir de primavera desfilarán una avalancha de empresas y empresarios arruinados por la covid. En este sentido, adelantarse puede ser una buena estrategia para no quedar el último en la cola, “evitando el previsible colapso que se espera de cara al segundo semestre de 2021”, afirma Valcárcel. Asimismo, agrega, hay quien busca anticiparse a sus acreedores, o, incluso, ganar algo de tiempo.

Otra opción que se plantean actualmente algunas compañías es iniciar negociaciones con sus reclamantes en fase preconcursal y conseguir así un plazo adicional de presentación más allá del 14 de marzo. Para Martín, esta vía está cogiendo cada vez más protagonismo y puede servir de flotador para aquellos negocios cuya situación permita una reestructuración y redimensión “a través de acuerdos particulares con los acreedores más representativos”. Además, si no se obtiene el resultado esperado, se informaría al administrador concursal del camino andado para conseguir un convenio que permita la viabilidad del negocio.

Uno de los temores comunes de las compañías que están acudiendo a estos expertos es no poder devolver toda la financiación pública y privada obtenida, en muchos casos avalada personalmente por el empresario. También tienen miedo a no poder afrontar el reajuste de la plantilla cuando incorporen a los trabajadores en ERTE. Los expertos no se ponen de acuerdo en lo más conveniente en este contexto. Lo que no se puede decir, discute Prada, es que “en caso de crisis haya que ir directamente al concurso; y mucho más ahora, que no hay obligación legal”. Hay que valorar cuestiones como la pérdida de oportunidades, por ejemplo, “de eventuales inversores o nuevas contrataciones”, apunta Valcárcel.

El segundo motivo por el que los administradores de una compañía prefieren no agotar la moratoria es el de evitar riesgos para su patrimonio. Si se declara el concurso culpable (es decir, que le acusen de haberlo dilatado o empeorado ilícitamente) pueden tener que hacer frente a todas o parte de las deudas sociales impagadas.

La ley concursal obliga a que los gestores respondan personalmente si, de forma directa o peligrosa, han tenido que ver en la agravación del estado de insolvencia de la sociedad. Por ejemplo, por no solicitar el concurso cuando tenían obligación. En este sentido, el juez de lo mercantil, Raúl García, explica que este deber “está ahora mismo en paréntesis”, por lo que no se puede incumplir.

Cuestión distinta, agrega, es que la actuación de los responsables haya perjudicado a la entidad, pero cree que, en la práctica, es una situación que “difícilmente va a conllevar condenas”. Sin embargo, como advierte Martín, en el proceso se revisa la gestión de los dos últimos años, por lo que el concurso podría calificarse como culpable si debieron presentar la insolvencia antes de la covid. Todo un aviso a navegantes.

Ver entrada original: https://elpais.com/economia/2020-12-26/guia-para-adelantarse-a-la-moratoria-concursal.html

Cómo liquidar deudas con Hacienda y la Seguridad Social por ser insolvente

… la Seguridad Social sea una de las prioridades de quienes están dados de alta en el RETA, pero, ¿qué ocurre si hay una situación de insolvencia?

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Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
— Leer en www.boe.es/diario_boe/txt.php

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado un nuevo Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueba un plan de choque para la hostelería y el comercio, dos de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19. La medida estrella de la reforma incluye una rebaja del 50% del alquiler sobre los locales que pertenezcan a una empresa o entidad pública o a grandes propietarios (con más de 10 inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2)

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