descargaCon carácter previo, hemos de señalar que la inclusión de un deudor en un registro de morosidad de conocimiento compartido no está exenta del principio de protección jurídica para la persona cuya información de mora se publicita (o sea el moroso), por lo que los datos del impago deberán de ser comunicados al presunto deudor, quien tendrá derecho a defenderse de un posible error en esos datos. De este modo, han de cumplirse unos requisitos para incluir a un deudor en un registro de morosidad según el Reglamento de Protección de Datos:

El RLOPD promulgado en el  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dicta la responsabilidad en el tratamiento de datos.  El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en la legislación y en particular los siguientes:

  •  la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada
  • que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico
  • que se haya realizado requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación
  • El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento de pago, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias

Asimismo el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Dicho lo anterior, en caso que el acreedor no cumpla con lo mencionado, y más allá de un estudio profundo acerca de la naturaleza de la responsabilidad en que incurre el acreedor por una indebida inclusión en un Registro de Impagados que nos permitimos recomendar, se produce una infracción y vulneración del derecho al honor del supuesto “moroso” de la que nace un derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios.

Nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado:

La primera Sentencia del TS que se pronunció sobre esta cuestión fue la Sentencia núm. 660/2004, de 5 de julio, en la cual se contempló el caso de la inclusión de una persona en el Registro de aceptaciones impagadas, más conocido por RAI, por impago de unas letras de cambio cuya firma en la aceptación era falsa. En dicha sentencia, se dice que respecto a los registros “es práctica bancaria que exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria, ya que evidentemente la inclusión en el RAI resulta notoriamente indebida y no precisamente por error cuando era conocido que no se trataba de una persona morosaSe produce una vulneración del derecho al honor porque existe “inclusión indebida en dicho registro , por deuda inexistente lo que supone un desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena”  Posteriormente, esta doctrina ha sido seguida en numerosas sentencias, como es el caso de la sentencia de 24 de abril de 2009; 9 abril de 2012 y la sentencia objeto de este trabajo, STS núm. 176/2013,  de 6 marzo, entre las más destacables.

De tal modo que sentada esa responsabilidad, la jurisprudencia es generalmente proclive a la indemnización de daños morales, puesto que la inclusión indebida de una persona en estos ficheros presupone para ella un “padecimiento o sufrimiento psíquico” (SSTS 22 de mayo de 1995, 19 de octubre de 1996 y 24 de septiembre de 1999). Y a estos efectos, la sentencia del TS núm. 284/2009 , de 24 de abril ha considerado que para que la vulneración al derecho al honor se produzca es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas. No es preciso, pues, que haya existido una efectiva divulgación del dato para que se haya vulnerado el derecho al honor del afectado y se le hayan causado daños morales. Basta con la posibilidad del conocimiento por estos y que la falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los afectados para tener una proyección pública.

Es por todo lo anterior que, si Vd. se encuentra en ese supuesto, le recomendamos reclamar judicialmente, toda vez que acreditado el incumplimiento de los requisitos por el acreedor para la inclusión en el Registro de Morosos, solo quedará cuantificar razonablemente el importe en concepto de daños morales, como mínimo y sin considerar los daños y perjuicios causados, para la solicitud de indemnización a reclamar.